Por Valentín Varillas
El dato de verdad no tiene madre.
Parece una gran burla pero es oficial.
La fuente es el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Únicamente el 3% del total de los policías que operan en los municipios poblanos, han reprobado las famosas pruebas de confianza.
Es decir, el 97% han pasado este filtro que en teoría analiza detalladamente conductas, aptitudes y una serie de factores que facilitan la detección de potenciales conductas delictivas por parte de los uniformados y sobre todo, de quienes encabezan las corporaciones de seguridad.
En la nota de Karina Fernández publicada ayer aquí en Status, se detalla que solo 186 de los 6 mil 231 policías evaluados, no pasaron esta medida de control.
Increíble cuando con una frecuencia espantosa, vemos y leemos historias de terror, en donde uniformados a lo largo y ancho del estado se ven involucrados en toda clase de actos delictivos.
Tecamachalco, apenas hace unos días.
Seguramente, los 11 policías que estuvieron involucrados en la ejecución de ministeriales y su propio jefe, Alejandro Santizo, habían pasado este filtro.
¿Ya se nos olvidó que el año pasado, en la administración de Norma Layón en San Martín Texmelucan, había un secuestrador como director de la policía municipal?
Seguro su nombramiento estaba “avalado” también por su respectiva prueba de confianza.
Y así nos podemos seguir.
La infiltración del huachicol en corporaciones de seguridad y en gobiernos municipales en el famosos Triángulo Rojo.
La protección y la impunidad que les garantiza el crecimiento exponencial del negocio es operada por quienes cuentan con un documento que oficialmente certifica la probidad y honestidad en su actuar.
La confección y aplicación de estas pruebas de confianza se dio en el sexenio de Felipe Calderón, como parte de su famosa guerra en contra de la delincuencia organizada.
En teoría, iban a servir para limpiar de corruptos a las corporaciones, en todas las jerarquías y niveles de la administración pública.
El gasto destinado al diseño y aplicación de estas pruebas, abarcó una parte importante del presupuesto en materia de seguridad.
Había presiones constantes desde el gobierno federal a los gobernadores para que avanzaran en su aplicación y le ayudaran a lavarle la cara a su fallida cruzada anti-criminal.
Esto generó que las pruebas se falsearan.
Puebla fue uno de los más penosos ejemplos de esta manipulación.
Lourdes Rosales con Mario Marín y Mauricio Tornero al inicio del sexenio de Moreno Valle, se volvieron expertos en el tema.
Las cifras eran ejemplares, pero la realidad pavorosa.
Todos los días, en todo el país, policías federales, estatales, municipales, además de mandos de distintas jerarquías, involucrados en secuestros, homicidios, extorsiones, tráfico de drogas y demás.
Por cierto, nada ha cambiado.
En el colmo del absurdo, el creador del modelo de pruebas de confianza en México, su principal defensor y promotor, el que juraba públicamente que eran infalibles y que garantizaban honestidad a toda prueba en los miembros de las corporaciones de seguridad, enfrenta hoy un juicio en los Estados Unidos acusado de haber sido cómplice, como funcionario público, de los actos delictivos llevados a cabo por el Cártel de Sinaloa en aquel sexenio.
Se llama Genaro, se apellida García Luna y es un auténtico hampón.
Así, como él, está la credibilidad de las pruebas de confianza.
No tenemos remedio como país.
