Por Valentín Varillas
La red “El Caballito” fue descubierta apenas hace unos días.
Y aunque con la fiebre mundialista el tema no tuvo la trascendencia mediática que merecía, el asunto no es menor.
La FGR desmanteló una organización que emitió facturas falsas por más de 12 mil millones de pesos, operó en nueve estados, usó 15 empresas fachada y dejó ocho detenidos.
Un auténtico escándalo.
Sin embargo, nada nuevo en el caso de Puebla.
Aquí, desde hace muchos años, instancias públicas se hicieron expertas en desaparecer dinero público utilizando empresas que nunca existieron.
Sobre todo, durante el morenovallismo.
Ejemplos existen de sobra.
La Secretaría de Salud del Estado de Puebla y el Issstep facturaron en conjunto más de 34 millones de pesos con empresas fantasma entre 2015 y 2017.
La Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte del estado tuvo tres titulares distintos en ese período y todos contrataron proveedores que el SAT declaró con operaciones inexistentes.
La empresa Construvhica S.A. de C.V. recibió pagos por más de 70 millones de pesos para supuestamente modernizar caminos en municipios como Atlixco.
Nunca se hizo la obra que acreditara el gasto.
Los Servicios de Salud del Estado acumularon cerca de 36 millones de pesos en siete contratos con cinco proveedores inexistentes.
La empresa más beneficiada fue Gruemin S.A. de C.V., con más de 30 millones de pesos por supuesta entrega de productos químicos que jamás ingresaron a los almacenes.
Pero Morena, el partido, también utilizó la estrategia para sangrar sus finanzas.
Entre 2016 y 2017, el partido recibió 160 facturas de la empresa fantasma Comercializadora Gomermex S.A. de C.V. por 383 mil pesos, con al menos dos facturas observadas por el Instituto Electoral de Puebla.
La misma empresa también facturó al Ayuntamiento de Puebla y a la Universidad Tecnológica de Puebla.
Y el primer gobierno federal emanado de la 4T, el de la supuesta honestidad valiente, desvió recursos como lo hicieron sus antecesores neoliberales.
La SHCP identificó 136 empresas fantasma vinculadas a Puebla desde que arrancó el sexenio de López Obrador, utilizadas por varias dependencias del gobierno federal.
A pesar de la contundencia de los hechos, las cifras mostraron un cambio radical.
En 2023, el SAT incluyó en su lista negra solo 47 empresas fantasma en todo el país, una caída del 98% respecto a 2018, cuando se detectaron 3 mil 16.
Pero menos detección no significa necesariamente menos corrupción.
Significa menos voluntad de combatir el esquema.
En Puebla, cuando una facturera “se quema”, simplemente se disuelve y se crea una nueva para seguir operando.
Por lo mismo, este círculo vicioso no muere, únicamente muta.
Givernadores, secretarios, partidos y proveedores, durante años encontraron en las empresas fantasma el mecanismo perfecto para vaciar el erario sin dejar huellas.
La FGR tiene hoy el reto de continuar llevando a cabo operativos similares, hasta el fondo, con toda contundencia y caiga quien caiga.
Claudia Sheinbaum tiene ante sí el reto de terminar con la enorme complicidad y simulación que reinaron en el sexenio anterior y acabar, como lo prometió la 4T, con este descarado robo al erario que nos cuesta a todos los mexicanos.
