Por Valentín Varillas
La periodista Lourdes Mendoza lo comentó hace unos días en su columna de El Financiero.
El Tribunal federal Electoral enfrenta señalamientos por irregularidades en la cuenta pública correspondiente al 2018.
Sí, el año de la calificación de la elección poblana.
Sí, durante la polémica gestión de Janine Otálora Malassis.
En el texto, se destaca el desvío de cinco millones de pesos producto de la operación de una cafetería, ingresos que jamás entraron a las arcas del Tribunal.
Alguien se los quedó.
También, el gasto injustificado de 22 millones de pesos en la construcción de una “guardería” que daría servicio al personal que ahí labora.
La columnista destaca que únicamente tres servidores públicos inscribieron a sus hijos ahí, lo cual no justifica la millonaria inversión.
Por si fuera poco, la estancia infantil se ha hecho acreedora a 43 observaciones por violaciones al marco legal vigente que regula su operación.
Estos hechos engrosan una serie de cosas, por lo menos “extrañas” que sucedieron en el Trife, mientras Otálora fue su presidenta.
Por ejemplo, aquel voto que rompió el desempate y que en ese momento sellaba el destino político de Puebla en los próximos años.
Uno de los fallos más extraños y polémicos en la historia política del país.
Además del sentido de su voto en tan sui géneris resolución, en su momento llamó la atención la prisa que tenía la magistrada por darle carpetazo al caso Puebla.
Y por que, ese carpetazo, favoreciera a los intereses de Rafael Moreno Valle.
Esa intención quedó en evidencia en un párrafo del informe anual de labores que presentó el 13 de noviembre de ese año, en donde hizo referencia a su actuación en conflictos postelectorales generados en el desarrollo de procesos estatales:
“Entre los asuntos relacionados con los procesos locales destaca también la sentencia emitida por la Sala Superior en el SUP-JRC-176/2018 y acumulados, en el que se ordenó la realización del cómputo total de la elección de gubernatura de Puebla. La Sala Superior consideró que las irregularidades que se presentaron durante los cómputos distritales se tenían que subsanar para lograr resultados veraces, reales y ajustados a los hechos, garantizando el principio de certeza y la confianza en el resultado final, por lo que, por primera vez en la historia, ordenó llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en la totalidad de las casillas de los 26 distritos electorales que integran el estado de Puebla”.
Otálora consideraba que el nuevo conteo de votos ordenado por el Tribunal, había sido suficiente para lograr “resultados veraces, reales y ajustados a los hechos” y que a través de este procedimiento, queda “garantizado el principio de certeza y la confianza en el resultado final”.
Mencionó únicamente la sentencia emitida por la Sala Superior del TEPJF que ordena efectivamente el recuento de la totalidad de los votos, pero omitió la segunda impugnación presentada por el Movimiento de Regeneración Nacional y que tenía que ver con la preservación de la cadena de custodia de los paquetes electorales.
No hizo referencia a esta segunda impugnación, que se supone estaba siendo analizada con lupa por el tribunal y que de su resolución dependían estas condiciones de legalidad, transparencia y veracidad que destacaba en su informe.
Y que además, considerara que había ya un “resultado final” del proceso para elegir gobernador de Puebla y que era “certero” y “confiable”, cuando ni siquiera se había llevado a cabo la sesión en donde votarían los magistrados.
La conclusiones, por lo tanto, eran prematuras y sumamente atrevidas.
Pareciera que, en su lógica, el caso Puebla era cosa juzagada y que la revisión de la segunda impugnación presentada por Morena era, simplemente, un asunto de mero trámite.
Esa misma lógica aplicó, para gastarse más de 20 millones en una guardería que nadie usa y que opera fuera de toda normatividad.
