Por Valentín Varillas
Existe un descontento generalizado por la forma “tibia” con la que la oposición ha manejado el tema Rocha Moya.
En lo mediático y en lo político.
Sobre todo en redes sociales, parece haber una percepción muy clara de que no han aprovechado al máximo este monumental escándalo.
Y puede haber varias razones que expliquen lo anterior.
Y es que, aunque en la forma ha existido la natural y consecuente estridencia, en el fondo, tal vez los opositores al oficialismo saben que deben que, cuando se habla de relaciones perversas entre criminales y funcionarios públicos, deben ser en extremo cautelosos.
Están consientes de que, en cualquier momento, sus liderazgos pueden resultar salpicados por alguna investigación o proceso legal fincado en Estados Unidos.
Porque el tema no es nuevo, faltaba más.
No llegó con los gobiernos emanados de la 4T.
Para no aburrir con el lugar común que supone el caso García Luna, existen otros más, muchos, que les pueden estallar de frente en tiempo presente.
El nombre de Francisco García Cabeza de Vaca sigue siendo una constante en investigaciones llevadas a cabo por instancias como la DEA.
En el caso del PRI, los gobernadores de ese partido tienen una enorme responsabilidad en el histórico y constante crecimiento de organizaciones criminales bajo su amparo.
Prácticamente en todo el territorio nacional, pero sin duda, en Sinaloa como ejemplo más claro.
Quirino Ordaz Coppel y compañía deberían de ser igualmente llamados a cuentas por haber garantizado un valiosísimo paraíso de impunidad operativa para el “cártel de casa”.
La misma lógica habría que aplicar en Jalisco, en donde el CJNG le dio forma a un impresionante imperio, bajo el cobijo de mandatarios tricolores, pero también naranjas.
No parece ser casualidad que los años más gloriosos de esa organización se hayan dado en el sexenio de Enrique Alfaro.
El esquema de complicidades ha sido descarado, evidenciando la infiltración de instancias de seguridad pública y hasta la propia Fiscalía de aquel estado.
Perfiles cercanos al “alfarismo”, hoy protegidos por Pablo Lemus, han perdido el sueño ante la posibilidad de ser investigados por el Departamento de Estado.
Materia prima perece haber de sobra.
Ahí está el macabro hallazgo de lo que sucedía en el Rancho Izaguirre, a la vista de todas las instituciones, como contundente prueba de semejante colusión.
Un hecho que le dio la vuelta al mundo y que ya es analizado e investigado a profundidad por las autoridades gringas.
No, pareciera que nadie se salva.
Por eso la cautela, el miedo a ser salpicados.
Pareciera que están realmente ocupados, cuidando que sus propios muertos no se salgan del clóset.
