Por Valentin Varillas
La nueva modalidad de las marchas en la Ciudad de México contempla la presencia de visitadores de organismos defensores de derechos humanos para verificar si existen o no acciones de brutalidad policiaca o abuso de autoridad.
En los hechos, se trata de vigilar con lupa que los derechos humanos de quienes sistemáticamente violan los derechos humanos de otros, no sean tocados ni con el pétalo de una rosa.
Así de claro.
Aunque parezca políticamente incorrecto, es la verdad.
Actualmente, las marchas y manifestaciones han dejado a un lado sus auténticas reivindicaciones y han sido tomadas por asalto por reventadores profesionales que convierten un derecho elemental, el de la libre expresión, en un pretexto para la pillería y el destrozo.
A la par, el “no reprimir” se ha convertido en el pretexto perfecto para que los gobiernos evadan la responsabilidad que tienen de proteger a los ciudadanos, sus bienes y la infraestructura pública.
No se dan cuenta que su resistencia a actuar resulta penosa.
De entrada, porque están llevando a cabo una aplicación de la ley selectiva, un estado de derecho de excepción en donde se evita castigar a unos, beneficiándolos en detrimento de los intereses y la seguridad de otros.
Y además, no han tampoco entendido que su rendición anticipada es una muestra clara, fehaciente del rotundo fracaso de los procedimientos de capacitación de las fuerzas del orden en el país.
Existen métodos, protocolos muy claros de acción, para hacer uso de la fuerza legítima sin caer en la represión y previniendo a la vez que se lleven a cabo violaciones a los derechos humanos de los manifestantes.
La triste realidad es que, a pesar de que se destinan millones y millones de pesos en cursos, seminarios y acciones encaminadas a la profesionalización de quienes en teoría nos cuidan, prácticamente todos los días somos testigos de historias en donde queda muy claro que estamos lejos, muy lejos de que los objetivos de formación y capacitación policial se cumplan.
Y esto es, a todos los niveles.
Desde quienes, desde un escritorio diseñan y operan las estrategias a aplicar en casos como estos, hasta quienes se encargan de operarlas en el “campo de batalla”.
Ya ni hablar de las pruebas de confianza.
Esas que, en teoría, con un muy alto grado de certeza servirían para detectar cualquier potencial conducta criminal en fuerzas del orden de cualquier nivel de gobierno.
También vemos, con espantosa frecuencia, casos en donde uniformados que aprobaron estas pruebas, se involucran en la comisión de todo tipo de delitos.
Inclusive, los que más dañan el tejido social.
El acertijo parece no tener una solución.
Por lo menos en el corto plazo.
Hay voces que piden la revisión de protocolos para regular las marchas en la vía pública, buscando que los saldos -sociales y económicos- sean mucho menores.
Sin embargo, tenerlos sería estéril si no van acompañados de cambios radicales en el orden social, cultural y sobre todo, de usos y costumbres en la política y el servicio público.
Las historias cotidianas son un indicador de que estamos a años luz de lograrlo.
Mientras, esto seguirá siendo la auténtica Ley de la Selva.
