Por Jesús Manuel Hernández
Tan sólo iniciarse el sexenio de Rafael Moreno Valle se reformó la Ley de Adopciones de Estado de Puebla, las razones no fueron precisamente a favor de los niños, más bien para mantener el menor tiempo posible la carga de los gastos de manutención de los menores, es decir, se buscó acortar el tiempo de espera, gastar menos.
De seis meses necesarios para evaluar cada caso, se pasó a un fast track de 14 días.
Las solicitudes presentadas eran evaluadas por especialistas en temas psicológicos y socioeconómicos, cada caso era presentado ante el Consejo Técnico de Adopciones donde se conocían las evaluaciones y se daba un sí o un no para entrar a la llamada Lista de Espera de Preadoptivo.
Desde 2011 el Consejo fue presidido por Martha Erika Alonso, pero el protocolo empezó a modificarse casi de inmediato. La presencia de los miembros del Consejo era simbólica, las decisiones eran tomadas unipersonalmente por la presidenta del DIF bajo criterios no precisamente técnicos, más bien de apreciación.
Un resumen de cada expediente era presentado, se anexaban fotografías de los niños y los presuntos padres que habían solicitado adopción y entonces intervenía el criterio de la presidenta.
Se juzgaban rasgos físicos, color de piel y asuntos económicos y así por su criterio se daba o se negaba una adopción.
Los casos causaron molestias entre los miembros del Consejo, alguno de ellos incluso tuvo repercusión en sus asuntos laborales, otros renunciaron.
Las denuncias existentes sobre la venta de menores bajo el disfraz de adopciones, quizá no haya tenido el visto bueno de la presidenta, pero al haberse modificado el protocolo interno, ella era la responsable directa de aceptar o negar la adopción. Las actas de entrega de menores, por supuesto, estaban firmadas por todos y con ello la responsabilidad quedaba compartida. Algunos lo hicieron en total ignorancia, sólo cumplieron órdenes, otros estaban al tanto, y algunos más, quizá, engañaron a la presidenta o la convencieron.
Y quizá también el objetivo de esa forma rápida de adopción no deba enmarcarse en el tema de trata de niños desde una institución pública; pero evidentemente, los actores de los últimos 8 años están vivos y pueden ser llamados a declarar y despejar dudas que laceran un comportamiento que pudiera dejar a la ética en asignatura pendiente.
O por lo menos, así me lo parece.
