Por Valentín Varillas
El gobierno federal; el mismo que anunció que su llegada al poder tendría el mismo impacto en la vida nacional que la lucha de Independencia, la guerra de Reforma o la propia Revolución Mexicana.
El que juró honestidad valiente en el ejercicio del servicio público y que hasta la fecha sigue una estrategia discursiva de contraste, en donde aseguran no ser como los demás.
Al que le quedan tres años para demostrar que, efectivamente, representan el cambio que tanto prometieron, siguen al pie de la letra un modelo de negocios al amparo del poder igualito al que llevaron a cabo gobierno anteriores.
El conflicto de intereses por la famosa casa que habitó José Ramón López Beltrán, propiedad de Baker Hughes, importante ejecutivo de una empresa que recibió millonarios contratos de Pemex mientras el hijo del presidente seguía siendo su inquilino, es más que evidente.
Con todo y el esfuerzo obsesivo de contrarrestar los efectos negativos que la investigación periodística ha dejado en la imagen del jefe del ejecutivo federal y en su nada creíble discurso de autoridad, las irregularidades no dejan lugar a dudas.
La similitud con aquella famosa “Casa Blanca” propiedad de Angélica Rivera, esposa del entonces presidente Enrique Peña Nieto y que le había sido “vendida” en condiciones atípicamente favorables por Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los principales accionistas de Grupo Higa, el contratista preferido de Peña desde que era gobernador del Estado de México.
Pero eso no es todo.
La revista Emeequis dio a conocer el caso de Juventino.
Un joven de 22 años, de origen humilde, quien de la nada, fundó una empresa: ITASAP dedicada al coworking, apenas un par de semanas de haber iniciado el gobierno de López Obrador.
De inmediato y como por arte de magia, se convirtió en uno de los contratistas consentidos del gobierno federal.
Apenas el 2 de febrero, ya era uno de los proveedores del Aeropuerto Benito Juárez.
Y de ahí, contratos con el IMSS, IPN y demás instancias y dependencias del gobierno federal, gracias al amplísimo objeto social de la sociedad que creó este muchacho nacido en Tepetongo, Zacatecas.
Este modelo fue uno de los más utilizados por Rafael Moreno Valle para saquear las arcas estatales.
Empresas que vendían productos o servicios al gobierno, o que se encargaban de importantes proyectos en materia de obra pública, sin ninguna experiencia previa como proveedores y que tenían registrados como domicilios fiscales casas particulares, terrenos baldíos, misceláneas y demás inmuebles que no eran congruentes, ni con el giro de la empresa, ni con la infraestructura necesaria para cumplir con los millonarios contratos que recibían.
En la mayoría de los casos, los “accionistas” y representantes legales eran personas que no tenían nada que ver en la creación de estas empresas y que, a cambio de un dinero, habían vendido su personalidad.
Esto, de la mano de la creación de empresas fantasma, las que simulaban operaciones para desviar dinero público, creó en Puebla una gigante estructura al servicio del corrupción en donde se enriquecieron, además de quienes eran parte de la élite política, sus prestanombres, empresarios, abogados, contadores y notarios, que avalaron semejantes marranadas.
Por todo esto, es una verdadera tragedia para el país que los que juraron erradicar los vicios y corruptelas del pasado, se comporten de la misma forma de los que en su momento tanto criticaron.
