Por Valentín Varillas
Del 2011 al 2018, las tomas clandestinas para la extracción ilegal de combustible y gas de Pemex en Puebla, aumentaron en más de 3 mil por ciento.
Tal nivel de crecimiento, puede explicarse únicamente a través de una añeja y perversa sociedad entre autoridades, civiles y militares, y las distintas bandas de la delincuencia organizada dedicadas a este ilícito y que operan con absoluta impunidad.
Pero también a una exponencial demanda del producto robado.
Hay robo de combustible y gas porque existen miles de clientes en el mercado poblano.
Y esta es la parte de responsabilidad que debemos asumir como sociedad, pero que nos negamos ciegamente a admitir.
Es mucho más fácil engañarnos y pensar que todo, absolutamente todo lo relacionado con el huachicol es exclusivamente culpa del gobierno.
Pasamos por alto que grandes compañías de transporte de mercancías, surten sus unidades con diesel o gasolina robada.
Que no se trata de una decisión personal de los operarios, sino una política empresarial encaminada a disminuir sus costos de operación.
Existen puntos específicos en las principales autopistas de acceso a Puebla, en donde a plena luz el día y a la vista de todos cargan el “huachicol”.
Lo mismo sucede con las unidades del transporte público que dan servicio en varios municipios del estado.
Misma logística.
Algunos, en el colmo del cinismo, cargan a pocos metros de las gasolineras legalmente establecidas, en donde antes de la masificación del combustible robado, acostumbraban a surtirse.
Nadie habla ni denuncia.
Primero, por miedo a represalias.
Pero también porque saben lo estéril que resulta exponer una realidad de todos conocida y que es tolerada y fomentada por quienes en teoría deberían de combatirla.
En el colmo del descaro, en tiempos de Moreno Valle, por órdenes oficiales la unidades alimentadoras que eran parte del sistema de transporte RUTA tenían que cargar combustible robado para maximizar utilidades.
Por eso y otras muchas cosas más, las bandas dedicadas a este delito, estaban cuidadas y custodiadas por los mandos más altos de aquella Secretaría de Seguridad Pública, empezando por su propio titular, Facundo Rosas.
Y para cerrar el círculo, las gaseras.
Empresas de “prestigio” que también se surten de gas robado para venderlo al precio oficial al consumidor final y así ganar más dinero.
Lo mismo sucede con unidades del transporte público, de empresas privadas y otras que utilizan el gas LP como combustible.
En las comunidades en donde se comete con más frecuencia este delito, se ha generado una ilegal derrama económica que ha impulsado el nivel de vida de miles de sus habitantes.
Antes se dedicaban al campo, hoy, directa o indirectamente a actividades relacionadas con el “huachicol” y es evidente que les va mejor, mucho mejor.
Comunidades enteras tienen como sustento único, los recursos que se generan por la ordeña y venta de combustible de Pemex.
Por eso, encubren y protegen a los verdaderos capos del negocio, dificultando enormemente su captura.
Nada nuevo en estas historias.
Simplemente, un recordatorio de cómo, todo este entramado de instancias públicas y privadas, por pura y simple ambición, fomentan un delito que por décadas ha dejado como saldo social un legado de muerte y destrucción que es imprescindible terminar.
