Por Valentín Varillas
“… estoy a disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla para realizar cualquier aclaración respecto a las hipótesis, líneas de investigación y diligencias desahogadas en la investigación de los hechos”.
Estas líneas escribió hace unos días en su cuenta de Twitter el ex procurador Víctor Carrancá, después de la denuncia presentada en su contra por Elia Tamayo, madre de José Luis Tehuatlie, el niño asesinado por policías poblanos en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan.
Y habrá que tomarle la palabra, cuanto antes.
Llevar a Carrancá y sus secuaces ante la justicia, serviría para dignificar el tan manchado, corrompido y pervertido sistema de procuración y administración de justicia que operó en el sexenio de Rafael Moreno Valle.
Esa administración que se caracterizó, entre otras aberraciones, por la descarada prostitución de las instituciones del estado en aras de encubrir a los asesinos del menor.
Asesinos y sus cómplices que hoy siguen disfrutando de una libertad que no merecen.
En su afán de encubrimiento, hicieron de todo para darle solidez a “su” versión oficial de los hechos: una auténtica aberración legal que desafiaba no únicamente al estado de derecho, sino a las propias leyes de la física.
Ni cohetón, ni onda expansiva; se trató simplemente de un cobarde asesinato cometido por policías estatales absolutamente incapaces para el uso “no letal” de la fuerza.
Además de Chalchihuapan, todo el sistema de procuración de justicia en aquel sexenio, sirvió en los hechos como el más efectivo garrote en contra de quienes unilateralmente fueron etiquetados como “enemigos de Moreno Valle”.
Activistas, defensores de derechos humanos, líderes de distintas organizaciones y fueron víctimas de investigaciones sesgadas, tramposas, violatorias a los más básicos y elementales derechos constitucionales.
En muchos de estos casos, ganar consistentemente amparos ante la justicia federal no fue suficiente para recuperar la libertad de los perseguidos.
Sí, en Puebla se utilizaron de manera facciosa las instituciones públicas como armas para sudar las calenturas personales de un gobernador.
Un estado criminal.
Y por lo mismo, tiene que haber consecuencias legales.
Más allá de fobias personales o políticas, ojalá de verdad llegue ya la hora de la justicia.
Y no solo en el caso de Carrancá
Es evidente que, como procurador, nunca fue autónomo.
Fue un empleado que siempre siguió órdenes y tuvo un superior.
El que como auténtica marioneta lo manejó a placer y conveniencia.
En una administración en donde se ejerció a rajatabla un estilo de gobernar basado en el “control total”, no se movía la hoja de un árbol sin la voluntad del ser supremo.
El jefe de la banda ya no está, pero sus esbirros sí.
Aquellos que por conveniencia económica y política, convirtieron a Puebla en un auténtico paraíso del abuso y la impunidad.
