Por Valentín Varillas
El tema lo han llevado al debate público Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón.
¿Cuándo se inauguró en México el que los poderes de facto pesaran más que las autoridades legítimamente establecidas?
A ciencia cierta es muy difícil establecer una fecha medianamente certera, pero la respuesta a este cuestionamiento es seguramente mucho más compleja que el torneo de descalificaciones mutuas que estos personajes protagonizan.
Seguramente, más que meses o años, lo importante sería determinar en qué momento de nuestra vida como país, quienes ocupaban un cargo de enorme influencia en la política y el servicio público, se infectaron con el virus de la ambición sin límites.
Fue entonces cuando ya no se conformaron con los pequeños embutes recibidos de los criminales, a cambio de dejarles una absoluta libertad para la manufactura y trasiego de todo tipo de sustancias prohibidas.
En un contexto de creciente demanda en países tradicionalmente consumidores y con un aumento exponencial del mercado interno, decidieron que querían un pedazo de tan apetitoso pastel.
Así se convirtieron en socios de una empresa llamada crimen organizado.
De esta manera, ya con sus intereses en juego, permitieron que las instituciones del Estado Mexicano se infiltraran por auténticos delincuentes.
En este contexto, los intereses ciudadanos pasaron a segundo término y se priorizaron los intereses particulares.
Los usos y costumbres se convirtieron en leyes no escritas, pero de cumplimiento obligatorio.
En la aspiración a un cargo de elección popular o a una posición en el gabinete de cualquier nivel de gobierno, venía implícito el compromiso de mantener las condiciones necesarias para el florecimiento de tan rentable negocio.
La consecuencia natural fue que la delincuencia organizada empezó a tener intereses muy concretos en la arena electoral.
Que resultaran electos los más cómodos, con los que no habría ningún problema al momento de signar los pactos y los acuerdos.
Los cárteles al servicio de los candidatos.
De todos los colores y partidos.
Financiamiento de campañas y amedrentamiento, desaparición de quienes representaban cualquier amenaza al triunfo del ungido, además de acciones de desestabilización y siembra del miedo para inhibir el voto ciudadano, en caso de que así convenga.
Cuántos ejemplos de lo anterior hemos visto en la historia reciente del país.
Y las condiciones no han cambiado.
Seguramente estos poderes de facto tendrán mucho que ver en la determinación de ganadores y perdedores en el proceso electoral del próximo año.
Las condiciones para que sigan influyendo en la elección de nuestros gobernantes y representantes populares no han cambiado.
Por eso, resultan estériles los dimes y diretes entre AMLO y Calderón.
El centro del debate tendría que estar en generar las condiciones necesarias para limpiar la vida pública nacional, sanear las instituciones del país y quitarle las riendas del mismo a las organizaciones delictivas.
Sí, las que realmente han mandado, mandan y tristemente seguirán mandando por mucho tiempo más.
