Por Valentín Varillas
No sorprende el decreto que legitima la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública.
Estaba considerado dentro de la reforma constitucional aprobada el año pasado, en donde se dio la génesis de la fallida Guardia Nacional.
Lo que llama la atención es la prisa y sobre todo el contexto en el que se publica.
Y mucho tiene que ver la pandemia que se vive actualmente por el coronavirus y los efectos que ésta tendrá para el país en el corto y mediano plazo.
Pareciera que el gobierno federal reconoce implícitamente que el tema económico se saldrá de control próximamente y que tendrá efectos demoledores en términos de seguridad pública y convivencia social.
Que los planes y proyectos aprobados para paliar la crisis, se quedarán muy cortos y que el desempleo y la falta de dinero tendrán como consecuencia directa un muy probable crecimiento en el índice de comisión de algunos delitos.
Sí, hay que tomar en cuenta el efecto inhibidor que puede llegar a tener la presencia constante de militares en las calles, a lo largo y ancho de todo el país.
Para algunos, esto será motivo de tranquilidad.
Para otros, por el contrario, de suma preocupación.
Y es que, más allá de la intención de reforzar las acciones de seguridad pública, la presencia de las fuerzas armadas puede servir también para desalentar y reprimir la protesta social.
Esa que tanto incómoda a los gobiernos y que en tiempos de crisis crece de manera importante, por lo justo de sus respectivas reivindicaciones.
Es evidente que existe una apetitosa tentación de criminalizar acciones que van más allá de la comisión de ilícitos, ya que la ley considera que la intervención militar se justifica ante las acciones de cualquier movimiento social en donde el Estado, o los representantes del Estado, “se sientan vulnerables”.
Así de ambiguo.
Así de frágil.
Para nadie es un secreto que los militares no se sienten nada a gusto con las tareas de seguridad pública que les fueron encomendadas hace ya varios años, ni con las nuevas disposiciones que este nuevo marco normativo considera en términos de sus facultades para combatir a la delincuencia, por lo que también su institucionalidad estará, nuevamente, a prueba.
Tampoco, el que vamos a contrapelo de las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, los cuales plantean el retiro paulatino de las fuerzas armadas del combate en contra de la delincuencia.
Sin embargo, ante el reiterado fracaso en la aplicación de políticas públicas encaminadas a tener un país más seguro, fracaso que incluye al actual gobierno federal, en cuyo primer año de gestión se han roto todos los récords en la comisión de asesinatos dolosos, parece no haber de otra.
Sobre todo, ante los tiempos oscuros y violentos que se avecinan.
