Por Valentín Varillas
Cada vez resulta más evidente el hecho de que, el presidente López Obrador, selló en su momento un pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto y su círculo más íntimo.
Que las “figuras” del sexenio pasado que hasta el momento han sido perseguidos legalmente, son los primeros de una lista de “prescindibles”, que se diseñó y negoció en el período de transición de poderes y en donde están ausentes, además del propio ex presidente, personajes como Luis Videgaray, José Antonio Meade y Aurelio Nuño.
A ellos, pareciera que jamás los alcanzará el brazo justiciero de la 4T.
Esta supuesta cruzada contra la corrupción, por su parcialidad, se parece espantosamente a los ajustes de cuentas entre grupos de mafiosos.
Y es que, la prisa con la que, por lo menos en el discurso, AMLO ha exonerado de facto a Peña, supondría que como jefe del ejecutivo federal, no estaba enterado de lo que hacían sus subordinados.
Que se mandaban solos y que tenían el poder y la jerarquía para operar una red de desvío de miles de millones de pesos del erario, si su conocimiento.
Que el presidente, el hombre más poderoso de este país, se quedaba siempre al margen de los enormes beneficios que arrojaban los acuerdos de altísimo nivel a los que se llegaba con miembros de la crema y nata de la vida pública y privada nacional.
Vaya mentada de madre a la inteligencia más elemental.
Dicen los que saben que no hay que espantarse, que los amarres entre los que llegan y los que se van, por décadas, han sido la constante en la vida pública del país.
Sus defensores a ultranza inclusive los justifican, vendiendo que son fundamentales para garantizar la gobernabilidad en tiempos de cambio.
Por eso en México a contrapelo de otras democracias que consideramos inferiores a la nuestra, hemos sido incapaces de llevar a cuentas ante la justicia a algún ex presidente.
Y vaya que justificaciones han existido de sobra.
En este contexto, vale la pena cuestionar hasta dónde puede llegar el ajuste de cuentas con el pasado en nuestro estado.
Es evidente que el actuar del presidente López Obrador es tomado como guía y ejemplo por los gobernadores y presidentes municipales emanados de Morena.
¿Aquí también habrá intocables?
¿Pacto de impunidad?
Todo parece indicar que no.
Las condiciones en las cuales se dio la transición de poderes en el estado es completamente distinta.
Barbosa jamás tuvo que pactar con el morenovallismo las condiciones en las cuales iba a llegar a ejercer el poder.
Ya con aquel grupo político completamente desarticulado y sin amarres que limiten el actuar del nuevo gobierno, se puede llegar fácilmente hasta donde existan elementos y pruebas contundentes y sobre todo, hasta donde dé la voluntad.
Por eso, las “carpetas rojas del morenovallismo” –como las llama el propio gobernador- podrían ser un parteaguas real en la vida política de Puebla.
Un afilado cincel con el que se debe romper con aquel sólido bloque de complicidades y encubrimientos que tanto daño le han hecho al estado.
A ver si ahora sí.
