Por Valentín Varillas
El domingo pasado se cumplió ya un año del fallo del Tribunal Electoral que avaló la elección a gobernador de Puebla, llevada a cabo el 1 de julio de 2018.
Sin duda, se trató de una de las más controversiales y bizarras resoluciones en la historia de la administración de justicia electoral.
A partir de ahí, ríos de tinta se han escrito sobre las razones que llevaron a la mayoría de los magistrados del Trife a votar de la forma en la que lo hicieron.
En el imaginario colectivo nacional, se han tejido las más diversas teorías, conspiraciones y confabulaciones, en un intento por tratar de explicar, por lo menos con cierto nivel de precisión, uno de los más extraños capítulos de la política mexicana.
Todas convergen en dos puntos concretos: hubo mucho dinero de por medio y se llevó a cabo una operación de cabildeo, negociación y amarres, al más alto nivel.
Se habla, sin el menor pudor, de que el propio Rafael Moreno Valle puso a disposición de los magistrados, cantidades exorbitantes, si votaban a favor de la continuidad de su grupo en lo más alto del poder político poblano.
De que echó mano de sus operadores más avezados, los más famosos de su círculo cercano, para lograr su objetivo.
Éste consistía en hacer todo lo que fuera necesario para convertir a Janine Otálora Malassis en una incondicional del morenovallismo.
Como presidenta del Tribunal, no solo podía influir en el ánimo del resto de los magistrados, sino que su voto “de calidad” rompería un potencial empate, en caso de que alguno de ellos extrañamente se ausentara de la sesión.
Si bien este escenario no se dio, el voto de Otálora fue el último en emitirse y el que en ese momento definía el 4-3 final.
El silencioso, pero efectivo operador fue Ernesto Herrera Tovar, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, amigo personal, cercanísimo, de la entonces presidenta.
A pesar de que, en teoría, sus responsabilidades profesionales tendrían que haberlo mantenido al margen de cuestiones electorales, se la jugó con todo a favor de que el PAN mantuviera la gubernatura de Puebla.
Fuera como fuera.
Herrera Tovar llevaba a cabo constantes reuniones de estrategia con Roberto Gil Zuarth, en ese tiempo la cara visible de la defensa de los intereses de Moreno Valle en el Tribunal.
Le reportaba cómo iba el proceso de “convencimiento” de Otálora, quien en un momento de la impugnación pensó decantarse a favor de la anulación.
Fue cuando se intensificó el marcaje personal y se afinaron con éxito las notas del dulce canto de las sirenas.
La misión había sido cumplida.
Rafael y sus aliados sabían que la votación final quedaría a su favor por un voto y con esa tranquilidad vieron el desarrollo de una sesión que a esas alturas era ya tan solo un mero trámite.
Por su parte, Herrera Tovar se disponía a cobrar su parte del botín.
Como militante panista, partido por el que fue diputado en la LIX legislatura federal, diputado local en la ALDF, el magistrado tenía aspiraciones políticas que iban de la mano del fortalecimiento del morenovallismo.
Juran los enterados que, como premio por sus buenos oficios, el malogrado senador le había prometido que se convertiría muy pronto en el sucesor de Marko Cortés al frente del Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul.
Nunca pudo cobrar la factura.
