24-04-2024 04:24:43 PM

Congreso no descarta juicio contra Carrancá

Por Karina Fernández

 

El Congreso de Puebla valora si habrá juicio político en contra de Víctor Carrancá por la supuesta fabricación de expedientes para favorecer al gobierno de Rafael Moreno Valle desde la Fiscalía General del Estado (FGE).

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla aceptó que es una demanda ciudadanía no dar carpetazo al actuar del morenovallista que la semana pasada decidió renunciar al cargo.

Tampoco descartó que desde la Auditoría Superior de Estado (ASE) se investigue al ex fiscal por los manejos realizados al interior del órgano autónomo. Dejó en claro que este análisis no frenará el proceso para elegir al nuevo titular.

En entrevista, explicó que la Oficialía de Partes recibió, de parte del representante legal de Víctor Carrancá, su renuncia al cargo que asumió en enero de 2016 con el morenovallismo en el poder.

Tiene que ratificar su renuncia al cargo para que la Comisión de Procuración y Administración de Justicia la avale y de esta manera comience a correr el plazo para la elección de 10 candidatos idóneos al cargo.

Biestro Medinilla puntualizó en la elección de un perfil que procure los derechos de la víctima y no descartó que Gilberto Higuera forme parte de la lista de candidatos que se enviará al Ejecutivo, quien habrá de depurarla para integrar una terna.

“Bueno que sea una persona que responda sobre todo al momento que Puebla está viviendo, donde la ciudadanía requiere atención y derechos de la víctima, de la precisión de la máxima publicidad y legalidad. Alguien que esté a la altura de estos nuevos tiempos. Él no está impedido para participar”, enfatizó.

El morenista comentó que este mes quedarán definidas las bases del procedimiento de designación del nuevo fiscal aunque será hasta enero cuando se vote en el Pleno del Congreso local.

La propuesta que reciba el voto de por lo menos dos terceras partes de la legislatura –como ocurrió con el titular de la Comisión de Derecho Humanos y la Auditoría Superior del Estado- asumirá el cargo por siete años.

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