Por Valentín Varillas
La percepción ciudadana en materia de seguridad pública, es hoy el elemento principal por medio del cual se evalúan a los gobiernos.
Para muchos, sobre todo para quienes ejercen alguna responsabilidad en el ejercicio público, lo anterior puede ser considerado como injusto.
Seguramente apelan a que hay otros asuntos de importancia como la operación de programas para la superación de la pobreza, atender las necesidades en materia de servicios públicos y desarrollar ambiciosos proyectos para la generación de obra pública e infraestructura urbana.
Los ciudadanos opinamos diferente.
Encuestas y otros ejercicios de medición de la opinión pública, concluyen de manera contundente que el tema de la seguridad es, por mucho, la principal preocupación del gobernado.
Lo demás, en términos de sus prioridades y exigencias a las autoridades, queda de plano muy atrás.
Otros argumentarán que apenas llegan al cargo y que no pueden ser satanizados por no dar resultados inmediatos en el combate a la delincuencia.
Que no se merecen la condena ciudadana por omisiones y yerros cometidos por sus antecesores.
También se equivocan.
Al aspirar a un puesto heredan parte del desprestigio arrastrado por la institución pública y aceptan implícitamente las condiciones del pacto entre gobernantes y ciudadanos, sobre todo en el rubro de la exigencia de resultados rápidos.
Y es que, en campaña, al momento de pedir el voto, afirman que serán capaces de resolverlo todo, sin excusas ni pretextos, como una especie de perversos encantadores de serpientes que, invariablemente, acaban desilusionándonos y traicionando la confianza de las mayorías.
En ocasiones, esto sucede por una monumental falta de capacidad.
En otras, las más, porque quienes tienen la obligación de velar por nuestra seguridad, acaban aliándose con el enemigo, aniquilando así el tejido social.
Lo hemos vivido en Puebla, con espantosa contundencia en los últimos años.
Los ciudadanos lo advertimos en su momento, las autoridades de plano no quisieron verlo.
Si partimos de la retórica oficial ensayada obsesivamente desde hace varios años, pareciera que de la nada, por generación espontánea, despertamos de un cómodo sueño en donde disfrutábamos de las mieles de vivir en un estado de excepción, en una especie de isla de la fantasía que nos mantenía vírgenes, impolutos, ante una ola de acciones delictivas y de violencia que enferman como cáncer maligno a prácticamente todo el territorio nacional.
Todo esto, en el entorno de una Puebla supuestamente pujante, moderna, detonante de inversiones de todo tipo, sobre todo en el rubro inmobiliario.
Una Puebla ficticia, con una paz social sostenida con alfileres, con enormes cuestionamientos sobre el origen de esos millonarios recursos que detonan su hipócrita economía y que hoy parece derrumbarse cruelmente ante nuestros ojos.
No, el tema no es nuevo.
Los focos rojos se prendieron hace tiempo.
Las alarmas sonaron puntuales pero encontraron una sordera generalizada en los distintos niveles de gobierno.
Hoy, las historias de sangre y muerte que vemos con espanto todos los días, nos hacen pensar que ya es demasiado tarde para recuperar la paz y la tranquilidad perdida.
Sin embargo, aquella autoridad que tenga la capacidad de cambiar la percepción ciudadana en materia de seguridad pública, tendrá garantizado el reino de los cielos.
