Por Valentín Varillas
Al momento de ser concesionado a manos privadas, el Soapap no estaba quebrado.
Vivía una realidad financiera muy distinta a la que se manejó en la narrativa política y mediática para justificar semejante crimen social.
En el 2013, el sistema operador reportó ingresos por 656.3 millones de pesos.
Esto representaba un incremento del 11% con respecto al año anterior.
Al corte de julio de ese año, el organismo había ejercido 453.8 millones dejando una utilidad operativa de más de 202 mdp.
Una instancia “quebrada” no genera excedentes de flujo de esa magnitud.
Además, ya había entrado a un proceso de saneamiento de pasivos históricos, como con el que se tenía con el SAT, demostrando una capacidad de gestión financiera propia.
Sin embargo, en la narrativa oficial se utilizó el tema de una supuesta deuda de 3 mil 500 millones de pesos, que en teoría amenazaría el abasto del líquido, como el fantasma que asustó a la opinión pública y publicada.
La realidad es que ésta era del orden de los 1,200 millones, menos de la mitad y estaba respaldada con el monto de los ingresos futuros que seguían creciendo de manera consistente.
La cartera vencida se había recuperado ya en un 75%.
Y lo peor: en el título de concesión la empresa privada no absorbió la deuda, que siguió siendo una carga para las finanzas públicas estatales, pero sí se quedó con la facultad de cobro y los activos.
Las cláusulas de rescisión son tan leoninas, que se necesitarían miles de millones para revertirla.
Además, el gobierno del estado no cuenta ya con la capacidad técnica inmediata para retomar el servicio.
En los hechos, la supuesta quiebra del Soapap fue una declaración política del morenovallismo, que facilitó un modelo de negocio por 30 años a cambio de convertir el acceso al agua en un artículo de lujo.
Y al final, nada cambió.
La entrada de capital privado no mejoró el acceso al líquido.
No se logró nunca una mejora homogénea del servicio.
No se ve la infraestructura de primer mundo prometida, sigue habiendo fugas estructurales y las zonas de mayor marginación viven en permanente escasez.
Las inversiones comprometidas en el contrato están muy lejos de cumplirse y no se ve cómo van a llegar a la meta de 4 mil millones, establecida en el documento.
De esta manera, por más circos ridículos que intenten vestir de comparecencias y maromas disfrazadas de actos de rendición de cuentas, la realidad es que el gobierno de Puebla se quedó con las deudas, el pueblo con la sed y los dueños de la concesionaria con la lana.
Los litros no llegan, pero los recibos de cobro, sí.
No tuvieron, ni tienen madre.
