Fue instalada en lo que hace apenas tres meses eran terrenos de cultivo, al pie de la calle Cuayantla, en San Bernardino Tlaxcalancingo, muy cerca de la carretera federal a Atlixco.
De entrada, de acuerdo con el oficio SDUE/DDU/126/2014, girado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio, el uso de suelo del predio es “habitacional densidad 44”, por lo que está prohibida cualquier actividad de tipo industrial.
El documento se giró a petición de un grupo de vecinos inconformes, hartos de que su utilice la calle como patio de operaciones de la empresa, la cual con todo descaro descarga el agua de desecho de los trompos en plena vialidad, contaminando el medio ambiente.
Y es que, a pesar de que existe un documento oficial que comprueba que la planta opera en la ilegalidad, desde muy alto del gobierno sanandreseño existe la orden de protegerla a como dé lugar.
“Es intocable”- como reconocen en corto funcionarios públicos de dicho ayuntamiento.
Y es que, las malas lenguas -siempre las mejor informadas-, aseguran que dos poderosos personajes del ayuntamiento de San Andrés tienen intereses muy concretos en la empresa: el alcalde Leoncio Paisano Arias y el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, José Gustavo Garmendia Palomino.
Este último, es de todos sabido, es quien realmente controla y maneja los contratos de toda la obra pública que se realiza en este lugar.
Así lo hizo en el trienio de Miguel Ángel Huepa, escudado en una relación de “familiar político” del gobernador Rafael Moreno Valle.
El alcahuete de la historia es el Arq. Gabino Tecuapetla García, Secretario de Obras Públicas, quien en los hechos es títere de la familia Garmendia y quien, si hiciera su chamba, tendría que haber clausurado la planta desde hace semanas.
Elementos hay de sobra: además del uso de suelo del predio, no existen las licencias de funcionamiento ni los dictámenes de Protección Civil.
No es casual, por cierto, que la planta de concreto iniciara operaciones en marzo de 2014, apenas días después de que entrara en funciones la actual administración municipal.
La historia indigna, pero no extraña.
Desde hace décadas, los gobiernos panistas de San Andrés se han caracterizado por dejar a su paso una apestosa estela de corrupción e impunidad, que sus herederos en el cargo están dispuestos a perpetuar.
Una auténtica escuela de lo grotesco que goza de cabal salud.
