Por Yasmin Flores Hernández
El valor del espacio público, las ciudades cambian.
Crecen, se transforman y enfrentan problemas que hace apenas unas décadas parecían impensables.
Uno de ellos es la administración del espacio público, particularmente de un recurso que cada día resulta más escaso: los lugares para estacionarse.
Durante años, encontrar un cajón disponible en las zonas comerciales o de mayor actividad económica de Puebla se convirtió en una tarea complicada.
Vehículos permanecían durante horas ocupando el mismo espacio, afectando la rotación de clientes, dificultando la movilidad y provocando conflictos constantes entre automovilistas, comerciantes y vecinos.
Frente a ese escenario, el Ayuntamiento optó por implementar un sistema de estacionamiento rotativo, conocido por todos como parquímetros.
La explicación oficial parecía lógica.
Regular el uso del espacio público.
Favorecer la movilidad.
Impulsar la actividad comercial.
Evitar que un mismo vehículo monopolizara durante horas un espacio que pertenece a todos.
Desde el punto de vista técnico, esos objetivos son legítimos.
De hecho, numerosas ciudades del mundo utilizan esquemas similares para administrar el estacionamiento en vía pública.
Nadie discute que el espacio urbano debe ordenarse y que las autoridades municipales cuentan con atribuciones para hacerlo.
Hasta aquí, el debate prácticamente no existe.
Porque el problema nunca fue la existencia de los parquímetros.
Ni siquiera el hecho de pagar por utilizar un espacio durante determinado tiempo.
Las ciudades requieren reglas.
Y las reglas implican derechos, pero también obligaciones.
Lo verdaderamente importante comienza después.
Porque toda política pública debe responder una pregunta esencial:
¿Está cumpliendo el objetivo para el cual fue creada?
No basta con poner en marcha un programa.
No basta con establecer un reglamento.
No basta con instalar infraestructura o desarrollar una aplicación tecnológica.
El éxito de una política pública no se mide por su existencia.
Se mide por sus resultados.
Y precisamente ahí comienza la discusión que hoy merece Puebla.
Y asi damos pie a cuando los números cambian la conversación.
Toda política pública necesita recursos para operar.
Eso nadie lo discute.
Tecnología, supervisión, personal, mantenimiento y administración tienen un costo.
Sin embargo, existe un momento en el que el análisis deja de centrarse en el funcionamiento del programa y comienza a concentrarse en sus resultados financieros.
Ese momento llegó para los parquímetros.
Los datos oficiales dados a conocer por el propio Ayuntamiento muestran que, durante los primeros cinco meses de 2026, el programa generó poco más de 24 millones de pesos.
Por sí sola, esa cifra no dice si el programa es bueno o malo.
Simplemente refleja que existe una fuente importante de ingresos.
Lo interesante aparece cuando se analiza de dónde proviene ese dinero.
Más de 14 millones de pesos corresponden a multas.
Poco más de 9 millones derivan del registro de vehículos dentro del sistema.
Es decir, las sanciones económicas representan una proporción mayor que los ingresos obtenidos por el uso ordinario del programa.
Ese dato no constituye, por sí mismo, una irregularidad.
Las multas existen para desincentivar el incumplimiento de las reglas y forman parte de cualquier sistema regulatorio.
Sin embargo, sí plantea una reflexión que vale la pena hacer.
Cuando el componente más importante de una política pública termina siendo la recaudación derivada de las sanciones, la conversación deja de girar exclusivamente alrededor de la movilidad.
Empieza a incorporar otro elemento.
La percepción ciudadana.
Porque toda política pública necesita legitimidad.
Y la legitimidad no depende únicamente de que una medida sea legal.
También depende de que los ciudadanos comprendan su utilidad y perciban que produce beneficios reales.
En otras palabras, un programa puede recaudar millones de pesos y, al mismo tiempo, enfrentar cuestionamientos sobre su impacto.
No porque recaudar sea incorrecto, sino porque la ciudadanía inevitablemente comienza a preguntarse cuál es el destino y el resultado de esos recursos.
Esa pregunta no representa un acto de desconfianza.
Representa un ejercicio democrático.
En una sociedad abierta, preguntar cómo se administran los recursos públicos no debería incomodar a ninguna autoridad.
Al contrario.
Debería ser la mejor oportunidad para demostrar que una política pública está cumpliendo aquello que prometió cuando fue presentada.
Asi comienza el examen que ningún gobierno puede evitar.
Existe una evaluación que ningún Ayuntamiento puede organizar.
No tiene fecha.
No requiere convocatoria.
No necesita funcionarios, observadores ni mesas de trabajo.
Ocurre todos los días.
Y la realizan miles de ciudadanos sin darse cuenta.
Cada vez que alguien sale de su casa para ir al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela, abrir un negocio o recorrer la ciudad, comienza a evaluar, sin proponérselo, la calidad de los servicios públicos que recibe.
No lo hace leyendo un informe de gobierno.
Lo hace viviendo la ciudad.
Si una avenida permite transitar con seguridad, el ciudadano lo percibe.
Si una calle permanece deteriorada durante meses, también.
Si las lluvias provocan que determinadas vialidades vuelvan a inundarse una y otra vez, la memoria colectiva termina identificando esos puntos como parte de la rutina.
Y eso tiene un enorme impacto.
Porque las políticas públicas no solo se juzgan por sus objetivos.
También se juzgan por sus consecuencias.
Las últimas semanas dejaron una imagen que todos los poblanos conocemos.
Lluvias intensas, validades anegadas, tráfico paralizado, vehículos afectados, baches que crecieron después de cada tormenta.
No es una escena nueva.
Es una realidad que, año tras año, vuelve a poner a prueba la capacidad de respuesta de la infraestructura urbana.
Ningún ciudadano espera que una administración elimine todos los problemas de una ciudad de más de un millón y medio de habitantes.
Sería una expectativa irreal.
Lo que sí espera es encontrar evidencia de que los recursos públicos están mejorando gradualmente su entorno.
Que las zonas más deterioradas comiencen a recuperarse.
Que exista mantenimiento preventivo.
Que los problemas recurrentes disminuyan con el tiempo y no se conviertan en parte del paisaje urbano.
Porque la verdadera evaluación de un gobierno no ocurre durante un informe anual.
Ocurre cuando el ciudadano compara la ciudad que tiene hoy con la que tenía ayer.
Y esa comparación, aunque no aparezca en ninguna estadística oficial, termina definiendo algo mucho más importante que cualquier indicador financiero.
La confianza.
Una confianza que no se construye únicamente con programas bien diseñados ni con cifras de recaudación.
Se construye cuando las personas pueden decir, con absoluta honestidad, que viven en una ciudad que mejora.
Y es justamente a partir de ese punto donde la discusión sobre los parquímetros deja de ser una conversación sobre cajones de estacionamiento y comienza a convertirse en una conversación mucho más profunda: la capacidad del gobierno para demostrar que toda política pública genera un beneficio tangible para quienes la sostienen con sus contribuciones.
La Constitución también tiene algo que decir.
Hasta este punto hemos hablado de movilidad, de recaudación y de la percepción ciudadana.
Sin embargo, existe una pregunta que va mucho más allá de si los parquímetros funcionan o no.
La pregunta es ésta:
¿Qué obligaciones adquiere un gobierno cuando recibe dinero de los ciudadanos?
La respuesta no está en un discurso político.
Está en la Constitución.
Con frecuencia pensamos que la Constitución únicamente sirve para organizar a los poderes públicos o para reconocer derechos fundamentales.
Pero pocas veces recordamos que también establece principios muy claros sobre la forma en que debe administrarse el dinero público.
Y esos principios no son opcionales.
Son obligatorios.
El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece que todas las personas tenemos la obligación de contribuir para los gastos públicos de manera proporcional y equitativa.
Es decir, la ley impone una carga al ciudadano.
Pero en un Estado constitucional las obligaciones nunca pueden ser unilaterales.
Si el ciudadano tiene el deber de contribuir, la autoridad tiene el deber de administrar correctamente aquello que recibe.
Ahí aparece el artículo 134 de la Constitución.
Quizá sea uno de los artículos menos conocidos por la población, pero también uno de los más importantes para entender cómo debe ejercerse el presupuesto público.
Ese precepto constitucional ordena que los recursos económicos de la Federación, de los estados y de los municipios se administren bajo cinco principios fundamentales: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, con el propósito de satisfacer los objetivos a los que están destinados.
Detengámonos un momento.
La Constitución no dice únicamente que los gobiernos deben recaudar.
Tampoco señala que basta con ejercer el presupuesto.
Va mucho más allá.
Exige que los recursos produzcan resultados.
Y esa diferencia cambia por completo la discusión.
Porque una política pública no puede evaluarse solamente por la cantidad de dinero que genera.
También debe evaluarse por la utilidad social que produce.
En el caso de los parquímetros, la finalidad anunciada fue ordenar la movilidad, favorecer la rotación vehicular y contribuir a un mejor aprovechamiento del espacio público.
Si esos son los objetivos del programa, entonces la ciudadanía tiene derecho a preguntar cómo se están midiendo esos resultados.
¿Cuál es el porcentaje de rotación vehicular que se ha logrado?
¿Disminuyó el tiempo promedio para encontrar un espacio de estacionamiento?
¿Se incrementó la actividad comercial en las zonas donde opera el programa?
¿Qué indicadores utiliza el Ayuntamiento para afirmar que la política pública está cumpliendo su finalidad?
Y junto con esas preguntas surge otra, igualmente válida.
Si el programa ha generado más de veinticuatro millones de pesos en pocos meses, ¿qué proyectos específicos de movilidad, mantenimiento o infraestructura se han fortalecido con esos recursos?
No planteo estas preguntas porque la ley obligue a etiquetar cada peso recaudado exclusivamente para una finalidad determinada.
Jurídicamente, los ingresos municipales pueden incorporarse al patrimonio del municipio y ejercerse conforme al presupuesto aprobado.
Pero precisamente por eso la obligación de transparencia adquiere una importancia aún mayor.
Si los recursos ingresan a la hacienda municipal, la ciudadanía debe poder conocer de manera clara cómo se prioriza su aplicación y cuáles son los resultados obtenidos.
Porque una administración transparente no teme a las preguntas.
Las responde.
Y las responde con documentos, con indicadores, con informes y con evidencia verificable.
Existe además un antecedente que no debe pasar inadvertido.
El programa de parquímetros en Puebla ya fue objeto de un análisis constitucional en el pasado.
Ese hecho demuestra que cualquier política pública que imponga obligaciones económicas a la ciudadanía debe ajustarse estrictamente a los principios de legalidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos de las personas.
Eso significa que la legalidad de un programa no se agota en el momento de su creación.
También se construye día con día mediante la forma en que se administra, se supervisa y se rinden cuentas sobre sus resultados.
Y aquí conviene hacer una precisión muy importante.
No corresponde afirmar, sin pruebas, que exista un desvío de recursos o un uso indebido del dinero recaudado por los parquímetros.
Una afirmación de esa naturaleza exigiría pruebas contundentes.
Lo que sí corresponde —y además fortalece la democracia— es exigir información suficiente para que cualquier ciudadano pueda comprender cómo una política pública se traduce en beneficios concretos para la ciudad.
Porque la transparencia no consiste únicamente en publicar cientos de páginas de estados financieros que pocos ciudadanos leerán.
La verdadera transparencia consiste en responder, de manera sencilla, una pregunta igual de sencilla:
¿En qué mejoró Puebla gracias a los recursos que todos aportamos?
Mientras esa respuesta no sea clara para la mayoría de los poblanos, el debate sobre los parquímetros seguirá abierto.
No por la existencia del programa, sino por la necesidad de fortalecer la confianza entre la autoridad y la ciudadanía.
Y en una democracia constitucional, la confianza nunca debe darse por sentada.
Debe ganarse todos los días.
Hay una forma de pagar que nunca aparece en la Ley de Ingresos.
No llega mediante un recibo, no se deposita en una cuenta bancaria, no genera un comprobante fiscal.
Pero miles de poblanos la pagan todos los días.
Es el costo de vivir en una ciudad cuya infraestructura enfrenta problemas que, con el paso del tiempo, terminan afectando la economía de las familias.
Cada bache tiene un precio.
Lo paga quien cambia una llanta después de caer en un hoyo que no pudo esquivar.
Lo paga quien debe reparar la suspensión de su automóvil.
Lo paga el motociclista que pone en riesgo su integridad para evitar un pavimento deteriorado.
Lo paga el comerciante que observa cómo disminuye la afluencia de clientes cuando una calle permanece cerrada o inundada.
Lo paga el trabajador que llega tarde porque una vialidad quedó colapsada tras una lluvia.
Lo paga el servicio de emergencia que tarda más tiempo en llegar a un auxilio.
Y también lo paga el transporte público, cuyos costos de operación aumentan conforme se deterioran las vialidades.
Ese dinero no entra a las arcas municipales.
Sale directamente del bolsillo de los ciudadanos.
Por eso la discusión sobre los parquímetros no puede limitarse a cuánto recauda el Ayuntamiento.
También debe preguntarse cuánto le cuesta a la sociedad que los problemas urbanos persistan.
Porque cuando una persona cambia una llanta por segunda ocasión en un año, poco le importa cuánto dinero ingresó al municipio.
Lo único que sabe es que tuvo que gastar un recurso que no tenía previsto.
Cuando un comerciante pierde ventas porque una calle permanece anegada durante horas, no piensa en balances presupuestales.
Piensa en la renta que deberá pagar al final del mes.
Cuando una madre de familia modifica diariamente su ruta para evitar avenidas deterioradas, no está haciendo un análisis de movilidad.
Está intentando ahorrar tiempo para llegar antes con sus hijos.
La ciudad también se mide por esos pequeños detalles.
Porque gobernar no consiste únicamente en ejecutar presupuesto.
Gobernar también significa reducir los costos cotidianos que enfrentan las personas.
Cada minuto perdido en el tráfico.
Cada reparación mecánica provocada por el mal estado de una vialidad.
Cada negocio afectado por una infraestructura deficiente.
Cada accidente que pudo prevenirse.
Todo ello representa un costo económico y social que rara vez aparece en los informes oficiales.
Quizá por eso el debate sobre los parquímetros no debería centrarse exclusivamente en la cifra de los ingresos.
La pregunta verdaderamente importante es otra:
¿Los recursos que genera esta política pública están ayudando a disminuir esos costos que, todos los días, terminan pagando los poblanos?
Porque una ciudad bien administrada no es aquella que únicamente recauda más.
Es aquella que logra que vivir en ella cueste menos.
Menos tiempo, menos dinero, menos riesgos y menos incertidumbre.
Ese debería ser el verdadero indicador del éxito de cualquier administración pública.
Los ciudadanos no exigen una ciudad perfecta.
Exigen una ciudad que avance.
Exigen que el esfuerzo económico que realizan todos los días se refleje en calles transitables, infraestructura digna y servicios públicos a la altura de lo que aportan.
La transparencia no se demuestra con discursos; se demuestra con resultados.
Y esos resultados deben ser visibles para quienes sostienen, con sus contribuciones, el funcionamiento del municipio.
Este tema no termina aquí.
En una próxima entrega pondremos también bajo la lupa la actuación y los resultados de otra dependencia del Ayuntamiento, encabezada por Zayra González, porque la rendición de cuentas no puede ser selectiva ni depender del cargo que se ocupe.
Toda autoridad que administra recursos públicos debe estar sujeta al mismo escrutinio ciudadano.
Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire.
Presidente municipal Pepe Chedraui: los poblanos merecen una explicación clara.
¿Dónde está el dinero recaudado por el programa de parquímetros?
¿En qué obras, qué acciones y qué beneficios concretos para la ciudad se ha traducido?
Porque recaudar es una facultad de la autoridad.
Rendir cuentas es su obligación.
