Por Yasmin Flores Hernández
Puebla capital fue durante décadas uno de los referentes de calidad de vida, crecimiento económico y desarrollo urbano en México.
Su zona de Angelópolis, con corporativos internacionales, hospitales privados de excelencia, universidades de prestigio como la Ibero, centros comerciales de lujo, hoteles y fraccionamientos residenciales exclusivos, simbolizaba el progreso, la modernidad y la seguridad.
Se promovía como un oasis en el centro del país, atractivo para inversiones, familias y turismo.
Sin embargo, esa imagen se ha fracturado profundamente en los últimos años.
La inseguridad ha migrado hacia espacios que históricamente se consideraban los más protegidos, generando una “geografía del miedo” que transforma rutinas diarias, limita libertades individuales y colectivas, afecta la economía local, desalienta inversiones y erosiona el tejido social.
La percepción de inseguridad en la ciudad de Puebla se mantiene alarmantemente alta.
Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, en diciembre de 2025 alcanzó el 84.5%, una de las más elevadas del país.
Para marzo de 2026, descendió ligeramente a 81.5%, lo que significa que más de 8 de cada 10 poblanos considera inseguro vivir en su ciudad, superando ampliamente el promedio nacional (alrededor del 61.5%).
Esta brecha entre las estadísticas oficiales de “reducción” en ciertos delitos y la experiencia cotidiana de los ciudadanos genera desconfianza profunda hacia las instituciones.
Aunque las autoridades estatales reportan disminuciones en homicidios dolosos por ejemplo, 211 carpetas en el primer cuatrimestre de 2026 (la más baja en casi una década, con una reducción del 13.5% respecto al mismo periodo anterior) y un acumulado estatal de alrededor de 299 homicidios dolosos hasta mediados de junio de 2026, los casos de alto impacto en zonas emblemáticas contradicen la narrativa de mejora sostenida.
La violencia en Puebla ya no responde a un sólo patrón.
Se ha diversificado tanto en sus formas de ejecución como en los espacios donde se manifiesta.
Hoy presenciamos ejecuciones en avenidas de alta circulación, ataques armados en establecimientos comerciales y agresiones contra personas en movimiento, hechos que evidencian una capacidad operativa cada vez mayor de los grupos delictivos.
Diversas investigaciones han señalado la posible participación de células vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en algunos de estos eventos, lo que obliga a analizar la inseguridad no como una sucesión de delitos aislados, sino como la expresión de un fenómeno criminal que disputa territorios, opera con mayor sofisticación y desafía abiertamente la capacidad del Estado para garantizar la seguridad pública.
En ese contexto, la Calzada Zavaleta adquiere un significado particularmente preocupante.
Lo que durante años fue una de las vialidades más representativas del desarrollo urbano de Puebla, ubicada en el corazón de Angelópolis y caracterizada por su intensa actividad comercial, residencial, educativa y de servicios, hoy comienza a ser identificada por una preocupante recurrencia de hechos violentos.
Su transformación de arteria próspera a escenario de ejecuciones no sólo refleja el cambio en la geografía del crimen, sino también la expansión de la violencia hacia espacios que, hasta hace poco, simbolizaban seguridad, inversión y calidad de vida.
Esta zona, que antes representaba dinamismo económico y seguridad, acumula múltiples ataques directos en los últimos años, afectando a residentes, trabajadores y visitantes.
Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en abril de 2024: la influencer Vielka Pulido (22 años), conocida en redes sociales, y su pareja Joel Abraham fueron ejecutados a plena luz del día al salir de un gimnasio en la colonia Santa Cruz Buenavista.
El ataque, con más de 20 casquillos percutidos (incluyendo calibres de alto poder), fue dirigido principalmente contra él.
Las cámaras de vigilancia captaron cómo un vehículo se acercó y abrió fuego.
A más de dos años del doble homicidio, el caso continua sin un esclarecimiento público definitivo.
Aunque la fiscalía informó desde un inicio que existían avances en la investigación e incluso la identificación de probables responsables, hasta la fecha no se ha informado sobre detenciones, sentencias o el esclarecimiento total de los hechos.
El asesinato de Vielka Pulido y Joel Abraham permanece como uno de los expendientes mas emblemáticos de la violencia en Puebla y un recordatorio de la deuda pendiente en materia de procuración de justicia.
Sin embargo, lejos de representar un episodio excepcional, aquel doble homicidio marcó el inicio de una preocupante normalización de la violencia en una de las zonas de mayor desarrollo económico y residencial de la capital.
Los ataques armados en vialidades de alta afluencia y en horarios de intensa actividad dejaron de ser acontecimientos extraordinarios para convertirse en una constante.
La prueba más reciente ocurrió durante la madrugada del 18 al 19 de junio de 2026, cuando el empresario Abraham Ruiz Aguilar (33 años), originario de Veracruz y propietario del Foxies Sport Bar & Men’s Club, fue asesinado a balazos mientras circulaba a bordo de su BMW blanco sobre el tramo Forjadores–Recta a Cholula, en la Calzada Zavaleta.
Viajaba con su esposa, Carla Francesca N., quien resultó lesionada por esquirlas de vidrio pero sobrevivió.
Los agresores, presuntamente dos sujetos en motocicleta, se emparejaron al vehículo y abrieron fuego.
Ruiz había huido previamente de la violencia en su estado natal tras el asesinato de un familiar cercano, buscando en Puebla un lugar más seguro para su negocio y familia.
Su caso ilustra cómo la inseguridad persigue incluso a quienes intentan escapar de ella y genera temor en el sector empresarial, especialmente en el giro nocturno.
Estos no son incidentes aislados.
La zona registra una sucesión de ejecuciones, tiroteos y presencia de sicarios, frecuentemente relacionadas con ajustes de cuentas, disputas en el giro nocturno, narcomenudeo o posibles cobros de piso.
Vecinos y conductores reportan mayor desconfianza: evitan transitar por ahí en ciertos horarios (especialmente noche y madrugada), cambian rutas habituales, instalan mayor vigilancia privada y viven con alerta constante.
El impacto psicológico es profundo: una avenida que debería simbolizar conectividad, prosperidad y modernidad ahora evoca temor y obliga a reorganizar la vida diaria alrededor de la precaución.
Ese clima de incertidumbre no sólo ha sido alimentado por las ejecuciones registradas en la zona.
La percepción de inseguridad también se ha intensificado por episodios que, aun sin responder al patrón de la delincuencia organizada, han generado una profunda sensación de vulnerabilidad entre la población.
Cuando el temor deja de concentrarse en un lugar o en una hora específica y se instala en la rutina cotidiana de quienes transitan por las principales vialidades de Angelópolis, el impacto trasciende las estadísticas y se convierte en un fenómeno social.
El Francotirador De La Atlixcáyotl
Bajo ese contexto surgió uno de los episodios que mayor psicosis colectiva provocó en la ciudad: el francotirador de la Vía Atlixcáyotl.
Otro fenómeno que ha instalado el pánico
Esta vialidad moderna, que atraviesa zonas residenciales, comerciales, universitarias, hospitalarias y judiciales, ha sido escenario de múltiples ataques contra vehículos en movimiento durante 2026.
Los incidentes comenzaron con disparos de balines y escalaron a balas de calibre 9 mm, impactando parabrisas, ventanillas y carrocerías de autos que circulaban a velocidad normal.
Hasta junio de 2026 se reportan al menos 10-11 ataques documentados.
Automovilistas han compartido videos, fotos de impactos y denuncias en redes sociales, describiendo la angustia de sentir un golpe repentino sin saber si proviene de un atentado, un accidente o vandalismo.
Hay daños materiales significativos y, en algunos casos, reportes de heridos leves, aunque las autoridades indican que no hay víctimas mortales confirmadas por estos hechos.
La vía, una de las más transitadas del estado, conecta puntos clave como Lomas de Angelópolis, Ciudad Judicial y la autopista a Atlixco.
Los ataques aleatorios sin aparente selección de víctimas han generado una psicosis colectiva: conductores cambian rutas, evitan la zona especialmente de noche o madrugada, transitan con extrema precaución, comparten alertas en grupos de WhatsApp y redes, o incluso optan por transporte alternativo.
Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía han abierto carpetas de investigación, realizado operativos, cierres viales y peritajes, identificando posibles puntos de origen de los disparos, pero las detenciones no han sido inmediatas ni suficientes para restaurar la confianza.
Algunos reportes mencionan hasta ocho casos confirmados por la SSP desde inicios de año, con nuevos incidentes en junio.
Este tipo de violencia indiscriminada es particularmente corrosiva porque afecta a conductores comunes sin vínculo delictivo aparente.
Transforma un espacio público de movilidad diaria en un campo minado psicológico, impactando no solo a residentes de Angelópolis sino a miles de poblanos que usan la vía para trabajo, estudios, trámites judiciales o compras.
Los hechos ocurridos en Zavaleta y la Vía Atlixcáyotl son apenas la expresión más visible de un fenómeno de mayor alcance.
Detrás de estos casos existe una tendencia que ha marcado a Puebla capital durante los últimos años y que permite comprender que la violencia dejó de ser un problema focalizado para convertirse en un desafío estructural.
Homicidios en Puebla Capital:
Tendencia General, Datos y Contexto de los Últimos Años
Más allá de los casos de alto perfil en Zavaleta y Atlixcáyotl, los homicidios en Puebla capital y su zona metropolitana reflejan un problema estructural persistente.
En los últimos años (2024-2026), las cifras han fluctuado, con reportes oficiales que destacan reducciones en periodos específicos, pero con picos de violencia que mantienen la alerta.
Hasta junio de 2026, el estado acumuló cerca de 299 homicidios dolosos, con la capital concentrando una parte significativa de los casos de alto impacto.
En el primer cuatrimestre se registraron cifras históricamente bajas en algunos comparativos (reducciones del 13-21%), pero la diversificación delictiva ejecuciones en avenidas, ataques en bares y gimnasios, tiroteos y posibles vínculos con grupos criminales mantiene la presión.
La Fiscalía y la SSP han realizado detenciones y operativos, pero los hechos en zonas “seguras” erosionan la credibilidad de las estrategias.
El costo real va mucho más allá de las estadísticas de víctimas mortales.
Familias enteras han modificado rutinas: suspenden salidas nocturnas, ejercicio al aire libre, visitas a centros comerciales o cenas fuera de casa.
Jóvenes, profesionistas y empresarios viven con ansiedad al transitar por Zavaleta o Atlixcáyotl.
Mujeres y madres de familia reportan mayor temor.
La economía se resiente: inversionistas evalúan el riesgo antes de establecerse, el turismo y el consumo local disminuyen, y el posicionamiento de Puebla como polo de desarrollo se ve amenazado.
Ninguna ciudad puede consolidarse cuando la violencia se convierte en parte de su identidad pública.
Y todo esto conlleva a un impacto en la Vvda cotidiana, el tejido social y desafíos pendientes
La inseguridad genera un círculo vicioso.
La “normalización” de los crímenes es uno de los síntomas más peligrosos: lo que antes sacudía a la sociedad por semanas hoy se desplaza en horas en el ciclo de noticias.
La indignación colectiva dura menos que un trending topic, permitiendo que el crimen organizado gane terreno silenciosamente.
Padres de familia piensan dos veces antes de dejar salir a sus hijos; automovilistas miran con desconfianza cualquier motocicleta que se acerca en un semáforo; residentes de Angelópolis instalan alarmas, cámaras y contratan seguridad privada.
Esta hipervigilancia constante genera estrés crónico, problemas de salud mental y una pérdida de libertad que afecta la calidad de vida que Puebla prometía.
Aunque existen esfuerzos de coordinación entre fiscalía, secretaría de seguridad y gobiernos, los casos en Angelópolis exigen respuestas más visibles y preventivas: mayor inteligencia, vigilancia tecnológica efectiva (cámaras funcionales, análisis de datos), fortalecimiento policial con enfoque comunitario, atención a causas estructurales como el narcomenudeo, extorsiones y la impunidad, y políticas que mejoren la percepción ciudadana.
Puebla tiene un potencial histórico, cultural y económico enorme.
Sus habitantes merecen recuperar la tranquilidad que permita caminar por sus calles, conducir por sus avenidas emblemáticas como Zavaleta y Atlixcáyotl, y regresar a casa con la certeza de llegar sanos y salvos.
La grandeza de una ciudad no se mide solo por la altura de sus edificios, el lujo de sus zonas residenciales o el número de corporativos, sino por la confianza con la que sus ciudadanos habitan el espacio público.
Hoy, ese bien la tranquilidad es uno de los más amenazados.
Los poblanos exigen resultados concretos y visibles que devuelvan la paz a las zonas que antes simbolizaban progreso y esperanza.
Puebla no puede seguir acostumbrándose a la violencia.
Cada ejecución sin esclarecer, cada ataque a plena luz del día y cada ciudadano que modifica su rutina por miedo representan un fracaso del Estado en su obligación más elemental: garantizar la seguridad de las personas.
La delincuencia no reconoce límites territoriales; por ello, la estrategia para combatirla tampoco puede seguir limitada por fronteras municipales.
Es momento de construir una verdadera política metropolitana de seguridad que coordine de manera permanente a los municipios de Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Coronango y Amozoc, con el Gobierno del Estado y la Federación.
La inteligencia, la coordinación operativa y la prevención deben sustituir la improvisación y la reacción tardía.
Pero antes de pensar en precampañas, en gastar recursos públicos exorbitantes para promocionar aspirantes, traer artistas de renombre, organizar espectáculos masivos o montar funciones de box con fines políticos, las autoridades tienen una obligación mucho más urgente: devolverles la seguridad a los poblanos.
No hay obra, concierto, evento o estrategia de imagen que pueda justificar que las familias vivan con miedo, que las avenidas más importantes se conviertan en escenarios de ejecuciones o que salir a trabajar, estudiar o hacer ejercicio implique un riesgo.
La seguridad debe dejar de ser un discurso de campaña para convertirse en la prioridad del gobierno.
Los poblanos no exigen espectáculos; exigen poder regresar a casa con vida.
La paz no se construye con propaganda, sino con estrategia, coordinación y resultados.
Porque mientras la violencia siga ganando terreno, cualquier triunfo político será, en realidad, una derrota para Puebla.
Como dicen: Por amor a Puebla urge una estrategia de seguridad.
