Por Valentín Varillas
El problema no es que un avión militar de los Estados Unidos opere en territorio mexicano para llevar a cabo tareas de “colaboración” con las autoridades mexicanas.
El tema es que el Senado de la República no otorgó la aprobación correspondiente de acuerdo con lo que marca el propio texto constitucional.
A la cámara alta del legislativo federal, ni siquiera lo tomaron en cuenta.
En el caso de Puebla, no se vale adelantar sin base alguna el fracaso de Germán Reyna como Auditor Superior del Estado, pero es fundamental que se hayan seguido al pie de la letra todos, absolutamente todos los protocolos legislativos que sustentan su nombramiento.
De ello depende su legitimidad.
Aquí, la forma es fondo.
El legislativo, en sus respectivos niveles, tendría que ser respetado y valorado como un poder independiente, autónomo, contrapeso natural de los otros dos.
Una realidad que en el caso poblano ha brillado por su ausencia.
Ejemplos existen de sobra.
Si bien las “aplanadoras” tienen su génesis en la voluntad ciudadana expresada en las urnas, quienes las integran deberían de estar sujetos a las normas y procedimientos que le dan forma al cuerpo legislativo y los vuelven operativo.
Tendrían que ser un ejemplo para el resto de los ciudadanos en lo que al respeto al estado de derecho se refiere.
Pero eso no pasa, ni ha pasado antes.
Han operado en los hechos como una simple oficialía de partes del ejecutivo en turno.
Históricamente, han prevalecido las discusiones simuladas, las que no tienen sustento alguno pero son parte integral de esta puesta en escena.
Son la norma las iniciativas no difundidas previamente, los cambios de último momento a las iniciativas de ley sin el conocimiento público.
Igualmente, reina la escasa transparencia en el trabajo que se realiza en comisiones.
Son os propios legisladores quienes han votado a favor de reformas clave para la centralización del poder.
No para generar equilibrios.
Por décadas, han aprobado modificaciones legales que debilitaron a los municipios, cambios a la legislación en materia de deuda pública, la designación de titulares de organismos autónomos y magistraturas alineadas al mandatario en turno.
En este país y en este estado, se ha vulnerado de manera sistemática el debido proceso legislativo para facilitar la agenda del Ejecutivo en su respectivo nivel de gobierno.
Salvo muy pocas y honrosas excepciones, han estado ausentes los contrapesos democráticos y la deliberación pública.
Y lo peor, esto no cambiará en el corto plazo, independientemente del partido que gobierne.
Aquí si, todos salieron iguales.
