Por Yasmín Flores Hernández
La semana pasada le expuse a usted -que me escucha y mi lee- el tema de la Reforma al Poder Judicial, y mis argumentos para estar en contra de la misma.
Considero que toda proposición que contenga razones debe ser considerada, evaluada, debatida, y enriquecida para su eventual aceptación o rechazo.
Esto es un signo esencial de la democracia y una regla para la mejor convivencia y el avance en todas las áreas del saber humano.
Este es el caso de la iniciativa de reforma constitucional al poder judicial enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En esta colaboración, propongo razones sobre aspectos que podrían enriquecerse y cuáles deberían esperar un análisis más ponderado y un debate más amplio.
La iniciativa ha causado revuelo y en gran parte rechazo entre especialistas de derecho y analistas políticos que la han comentado. Esto no es extraño.
La idea de elegir por voto popular a las y los ministros de la Suprema Corte y al resto de las y los jueces entra en contradicción con los esquemas bajo los cuales se ha formado la profesión jurídica en México.
Ahora bien, el pasado 02 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que de lograrse una reforma al Poder Judicial, después podría pensarse en una para las fiscalías, durante su conferencia de prensa matutina, realizada en Palacio Nacional.
“Yo pienso que si se avanza con la reforma al Poder Judicial, luego podría continuarse con las fiscalías. Son procesos”, expresó sin dar más detalle sobre esa eventual reforma.
“El caso del Poder Judicial es necesario, porque está completamente echado a perder y es necesario, indispensable, por la corrupción que predomina”.
Ante los foros que realiza la Cámara de Diputados, consideró que no importa que se tarde la reforma, pero lo importante es que se dé.
El Presidente también recordó que cumplió seis años de haber sido electo, y destacó que en el Ejecutivo sí se ha dado el combate a la corrupción.
“Se ha avanzado bastante, ha sido una hazaña lo que se ha logrado en seis años, se combatió como nunca la corrupción, que era el principal problema de México. Nuestro país tiene muchos recursos naturales, tiene un pueblo bueno, trabajador; sin embargo, imperaba la corrupción y sólo se beneficiaban unos cuantos”
Upss…
Sólo un pequeño detalle hay que recordarle, la corrupción impera en los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Y si no es así, entonces que no explique sobre las acusaciones de corrupción contra sus hijos y en donde el mismo López Obrador en más de una ocasión ha mencionado:
“No me quita el sueño”
O mejor aún en el Poder Legislativo con el diputado Ignacio Mier Velasco, quien en su momento presumió su “supuesta” cercanía con el Presidente, para lograr con ello la Gobernatura de nuestro Estado.
Cabe recordar que en 2022 la Diputada Adela Ramos denunció a Mier, por corrupción y violencia política de género.
Ramos ha demandado se investigue y sancione a los responsables del desvío de 14,000 millones de pesos en Seguridad Agroalimentaria (Segalmex), y a quienes han votado en sentido distinto a la mayoría de Morena.
“Un coordinador del grupo debe ser alguien honorable, que involucre a todos equitativamente en las actividades y busque los mayores beneficios para todos, no sólo para su burbuja y quienes lo idolatren.
Debe ser alguien que venga del partido y no del Fobraproa”, dijo al recordar que como diputado, entonces del PRI, Mier apoyó ese fondo.
Mier “representa lo contrario a los ideales de nuestra transformación, es violentador de las mujeres y abusa del poder”, indicó.
En ese mismo año, el mismo Nacho Mier denunció el uso faccioso, de vendetta y de persecución política de la Unidad de Inteligencia Financiera en su contra. En entrevista el también morenista Pablo Gómez, mencionadaba que llevaba un año investigándolo por los delitos de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión de impuestos por alrededor de 400 millones de pesos. El diputado dijo que sólo se le busca perjudicar.
Y no hace mucho el Presidente menciono con contundencia, aunque nuevamente entre líneas, el nepotismo que, a todas luces, Mier ejerció para imponer a sus hijos, Carlos Ignacio Mier Bañuelos como alcalde de Tecamachalco, y a la legisladora local, Daniela Mier Bañuelos, por la via plurinominal en el Congreso de Puebla.
En 2023, el incongruente Mier declaraba ante el cuestionamiento sobre el plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, y aseguraba que él no se había titulado, porque consideraba que era un “fraude”.
Durante una conferencia de prensa, Mier explicó que las razones para no titularse fueron por los constantes cambios en los estudios.
Por ello, el coordinador de Morena en San Lázaro consideraba que no correspondía a lo que había estudiado y que para él era más importante el “aprendizaje que le da la vida”.
Óigalo usted
Si asi fuera entonces no pedirian en ningún trabajo,estudios.
Que le digo…
Aunque en la semblanza del diputado en la página del Congreso de la Unión señala tener un título de Licenciatura en Administración y Contaduría.
Cabe destacar que al consultar el portal de Cédulas Profesionales del Gobierno de México no aparece registro alguno de Ignacio Mier sobre algún título profesional.
Diputado Mier pidale usted a su equipo que no lo meta en problemas, la usurpación de profesión, tambien es un delito.
Como vera usted que me escucha y mi lee este, si éste, es el promotor de la llamada Reforma al Poder Judicial.
Un hombre que sin estudios, hoy promueve un reforma al Poder Judicial a modo, en donde sólo les solicitaran un título en Licenciatura para ser ministros, cuando la hoy Presidenta electa tiene hasta Doctorado, asi la incongruencia de la 4T.
Mier tiene como tarjeta de presentación, la corrupción y el nepotismo, a mi parecer está muy, pero muy sobrevalorado en la cuarta transformación.
Asi o más clara la corrupción en el Legislativo.
En el Poder Judicial sin duda tambien hay corrupción, y si no preguntele usted a la ministra Yasmín Esquivel, quien a la fecha no ha podido esclarecer la tesis de Licenciatura en Derecho.
A finales de 2022, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue señalada del presunto plagió de su tesis de licenciatura en Derecho; se dijo que tomó el texto de otro alumno, Édgar Ulises Báez, que finalizó sus estudios un año antes que ella, en 1986.
La investigación se dio a conocer cuando la Corte se encontraba en un proceso de sucesión, tras la vacante del ministro Arturo Zaldívar, quien dejaba la presidencia del Alto Tribunal, por conclusión de su mandato.
Además de Esquivel Mosa, levantaron la mano los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piña Hernández, siendo ésta última quien fue electa como la primera mujer presidenta de la Corte.
En febrero de este año, un juez en Materia Administrativa otorgó una suspensión provisional a la ministra, contra la integración, conformación y registro del Comité de Ética de la UNAM, que indagaba la autoría de la tesis de licenciatura realizada hace 37 años en la otrora Escuela Nacional de Estudios Superiores Aragón (ENEP-Aragón), hoy Facultad de Estudios Superiores (FES-Aragón).
El amparo radicado con número de expediente 202/2023 fue presentado el pasado 13 de febrero, cuando Esquivel Mossa, a través de terceros, entregó sus alegatos y pruebas respecto a la acusación que pesa en su contra.
“En la inteligencia de que la medida cautelar que ahora se otorga, no suspende cualquier otro acto diverso que no sea materia de la demanda de amparo, y estará vigente, hasta en tanto, se resuelva en definitiva la presente incidencia”, indica la notificación electrónica.
El 18 de abril de este año su servidora presentó una colaboración denominada “Los demonios andan sueltos en SCJN” en donde mencioné que la ministra Norma Piña presidenta de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura, ordeno la apertura de una investigación en contra de Arturo Zaldivar por presuntamente haber presionado a jueces para que resolviesen favorablemente asuntos en los que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tenía intereses políticos.
El expediente, surgido de una denuncia anónima, alcanza a algunos colaboradores de Zaldívar en el Poder Judicial, que serán investigados por el Consejo de la Judicatura.
La denuncia, cuya copia tiene este medio, acusa a Zaldívar de vulnerar la autonomía e independencia de los jueces y magistrados “con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”, así como de falta de imparcialidad y abuso de funciones, durante el tiempo en que ejerció de Presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura (2019-2023).
“Prometía beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones”.
El escrito dice que el operador del ministro era Carlos Antonio Alpízar Salazar, entonces secretario. La denuncia asegura que se cuenta con los testimonios de los jueces supuestamente presionados.
Así o más clara la corrupción en el Poder Judicial, dos personajes que hoy estan a favor de una Reforma a modo.
Ahora bien, el punto aquí no es ver que Poder es mas corrupto, es generar las condiciones para una Reforma al Poder Judicial que beneficie a los ciudadanos, sin tanta burocracia, apatía, corrupción, influyentismo y lentitud.
Me parece que se debe considerar dentro de la misma reforma, de manera urgente a la Fiscalía General de la República y por ende a las fiscalías de cada estado.
Debemos entender que un mal procedimiento, empieza por una mala integración de una carpeta de investigación.
Por lo tanto, no sólo son los jueces, magistrados o ministros, quienes deben mejorar para tener un país que realmente imparta justicia.
Todo empieza desde la detención, puesta a disposición, integración de carpeta y por ende la audiencia inicial, en donde muchos ministerios públicos no están capacitados para llevar acabo una audiencia, se lo digo por experiencia propia.
A usted que me escucha y me lee le pongo un ejemplo más:
Ha escuchado el caso de Brenda Quevedo de tan solo 24 años, fue detenida en Kentucky, Estados Unidos, el 28 de noviembre de 2007 y extraditada a México en 2009.
Brenda fue acusada de delincuencia organizada y secuestro, obtuvo cambio de medida cautelar, tras 15 años de prisión preventiva en México y 2 años detenida en Estados Unidos, en total 17 años privada de la libertad.
Sin una sentencia y con una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Isabel Miranda de Wallace la acusó de haber participado en el secuestro y en el asesinato de su hijo.
Lo interesante de este caso es que la única prueba que existe en contra de Brenda, es la declaración de Juana Hilda Gonzalez Lomeli (otra inculpada), obtenida bajo coacción y sin presencia de un abogado, transgrediendo su derecho al debido proceso consagrado en los artículos 14, 16 y 20 de la constitución mexicana y los tratados internacionales en materia de protección de derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Consecuentemente, invalidando todo valor probatorio de dicha prueba. Brenda fue torturada en dos ocasiones, una en Santiaguito, el 27 de Noviembre del 2009 y otra en el complejo de la Islas Marías, 13 de Octubre del 2010.
Esta última, siendo aislada e incomunicada durante un mes después de haber sido torturada y violada de manera tumultuaria. Dicha tortura con la finalidad de obtener una confesión de un hecho delictivo.
La tortura es un cáncer crónico del sistema judicial mexicano. La prohibición a dicha práctica se encuentra contemplado por la constitución mexicana y en una gran cantidad de tratados internacionales firmados y ratificados por México, tales como:
- La Declaración Universal de Derechos Humanos
- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
- La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984), Convención Americana sobre Derechos Humanos
En su momento la Defensoría Pública solicitó una revisión de la medida cautelar de prisión preventiva para que ella pudiera continuar con el proceso en su casa con un brazalete, o también salir de manera absolutoria, ya que su proceso penal esta plagado de irregularidades.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, ha podido transitar y mover sus influencias apoyada por el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna y Enrique Peña Nieto de acuerdo con denuncias de los acusados.
El 29 de septiembre de 2020, el Grupo de la Organización de la Naciones Unidas envió al Gobierno mexicano una misiva en la que pidió liberar a Brenda Quevedo por la violación inegable de derechos humanos y la tortura de la que fue victima.
Quevedo Cruz señalo al igual que otros de los inculpados, que Wallace Miranda instruia a los ministerios públicos y agentes ministeriales, así como tambien estuvo presente en cada una de las torturas.
Todo iniciado desde la fiscalía, avalado y manipulado por los medios de comunicación que en su momento solo daban espacio a Wallace Miranda.
Obvio ningún juez, magistrado o ministro queria meterse entre las a manos de esta mujer, llena de influyentismo. Hoy esta mujer tiene dos carpetas de investigación por falsedad a una autoridad. Wallace fabrico culpables con la venia de la propia autoridad, e hizo lo que quiso durante años, todo para legitimar un gobierno fallido como lo fue el de Felipe Calderón.
La fabricación de delitos es un término utilizado para describir prácticas ilegales en las que las autoridades o individuos manipulan pruebas, testimonios o situaciones para incriminar a personas inocentes en delitos que no han cometido, “la finalidad es para que las instituciones encargadas de la seguridad puedan justificar, basándose en cifras de detenidos, el combate a la delincuencia.”
Como lo hizo García Luna en su momento.
Durante una audiencia en la Ciudad de México el 24 de junio, un juez del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales instruyó cambiar la medida cautelar de prisión por el uso de un localizador electrónico y restricciones de movimiento y comunicación.
Brenda fue victima como bien lo dice el presidente, de la corrupción que impera en las fiscalías.
Como vera usted la corrupción esta en los tres poderes, y no soloen el poder judicial como lo menciona el Presidente.
Si queremos realmente cambiar el rumbo de este país, debemos de empezar con los primeros respondientes, que son; los policias, los ministerios públicos, los fiscales y de ahí todos los que dice la reforma.
Cierro mi colaboración diciendo una vez más, NO a la Reforma al Poder Judicial, por lo menos, no así como se plantea.
Que se incluya a las Fiscalías y se pongan al frente a los perfiles más preparados con carrera judicial, y no con influyentismo.
La eliminación de un Poder no cambiara nada, al contrario, generará mayor desconfianza no solo a los ciudadanos, sino tambien a los inversionistas extranjeros.
Congruencia señores, congruencia…
