Por Valentín Varillas
La muerte de 39 migrantes al interior de un centro de detención perteneciente al Instituto Nacional de Migración (INM), es un golpe durísimo para el Secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López.
Aunque intente a toda costa evadir el costo en imagen que semejante tragedia supone, de acuerdo al organigrama del gobierno federal, el INM depende directamente de la dependencia que él encabeza.
Y por lo tanto, esta instancia es la responsable directa de cualquier tema que lo involucre.
Sobre todo en lo que a su óptima operación se refiere.
Tiene que verificar el estado en el que se encuentran sus instalaciones, todas, incluyendo por supuesto los espacios físicos en donde son confinados aquellos extranjeros que están en territorio nacional de manera ilegal.
Éstos, tiene protocolos muy claros para que cumplan de manera óptima con los objetivos para los que fueron creados.
Son de observancia obligatoria para quienes los operan y en el caso concreto del de Chihuahua, es evidente que fueron violados de manera sistemática.
Primero, había hacinamiento.
En este lugar había un número de personas que superaba la capacidad máxima establecida en la norma.
El encierro en una gran jaula y la negativa a proporcionarles agua y alimentos, a pesar de que llevaban ahí un muy prolongado espacio de tiempo, supone también una violación a los derechos humanos universales.
Los mismos que cualquier persona debe de gozar, más allá de que si se trata de la violación de una norma o la comisión de algún delito.
Ahí está la génesis de la revuelta que desencadenó el infierno.
La quema de colchones como medida de protesta y la muerte como consecuencia.
La pérdida de vidas se pudo también evitar.
De acuerdo a la evidencia en video dada a conocer hace un par de días, los encargados del albergue tuvieron más de 30 segundos para abrir el candado de la reja que mantenía a los migrantes privados de su libertad.
Tiempo suficiente para haber podido abandonar el lugar.
Destaca también la falta de extintores al interior del centro, lo que viola uno de los protocolos básicos de cualquier instalación pública dependiente de alguno de los tres niveles de gobierno.
Todo mal.
Negligencia pura.
Adán Augusto, en un intento desesperado por desmarcarse de la tragedia, declara que el responsable de operar la política migratoria del gobierno federal es el canciller Ebrard.
Y tiene razón.
Pero las faltas, errores, omisiones e ineptitud del personal asignado al Instituto Nacional de Migración, que dieron origen a la muerte de 38 migrantes, son responsabilidad directa de su secretaría.
De nadie más.
Hace casi dos años, la caída de un vagón de la Línea 12 del Metro que tuvo como saldo la muerte de 26 personas, fue un golpe durísimo a la imagen de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum.
Los otros dos presidenciables.
Ebrard, como jefe de gobierno capitalino, permitió que se llevara a cabo una obra mal planeada, peor ejecutada, realizada con materiales de pésima calidad y con un sobrecosto de más del 60%.
Sheinbaum, hoy en el mismo cargo que en su momento ocupó Marcelo, omitió seguir los procedimientos básicos contenidos en el programa de mantenimiento preventivo de este sistema de transporte.
Mantuvo a sangre y fuego a su amiga Florencia Serranía como su directora y para colmo, de acuerdo con los propios números del gobierno de la Ciudad de México, no se gastaron cerca de 5 mil millones de pesos destinados al mantenimiento del Metro, en los primeros tres años de su administración.
Así que, abolladas y con una buena cantidad de muertes en su conciencia, llegarán las famosas corcholatas de AMLO al proceso de selección del candidato de la llamada 4T a la presidencia de la República.
Con todo y esto, quien gane la elección interna seguramente será el que despache muy pronto en la oficina principal de Palacio Nacional.
