Por Valentín Varillas
Lejos de resolverse, en estos tiempos de la 4T el tema de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se ha convertido en una abierta confrontación entre instituciones públicas.
Del orden civil y militar.
Y no puedo imaginar un peor escenario.
No solo en lo que se refiere a las consecuencias legales, los evidentes conflictos de intereses y todo lo que ya ha surgido y lo que nos falta por ver en términos de las potenciales consecuencias jurídicas para quienes hoy ocupan cargos de altísima importancia e influencia en la vida nacional.
Esta realidad afecta lo más importante: que realmente se sepa qué fue lo que pasó y se deslinden responsabilidades.
Se trate de quien se trate y como dice el aburrido lugar común: caiga quien caiga.
Que los familiares de los estudiantes y la sociedad en general no agreguen este caso a la larguísima lista de crímenes sin culpables, que han caracterizado por décadas al sistema de procuración y administración de justicia en el país.
Que el caso Ayotzinapa no se convierta en otro penoso monumento a la impunidad.
Desgraciadamente, para allá vamos.
Años de manipulación, de ocultar hechos concretos que hubieran podido abonar a la verdad, de contubernio entre autoridades y niveles de gobierno, de complicidades y sociedades perversas con los poderes de facto.
Sí, con aquellos grupos criminales que en cada vez más zonas del país, pesan más que las autoridades legítimamente establecidas.
Y lo peor: en el remotísimo caso de que a estas alturas se pudieran tener los elementos suficientes para desenredar la madeja, el largo y descarado manoseo del caso tendría como consecuencia lógica, la incredulidad casi unánime de la opinión pública y publicada nacional.
Después de lo que hemos visto y oído en el discurso oficial, en pasado y en presente: ¿quién carajos va a creer en una nueva versión oficial de los hechos?
Pero, paralelamente, el feroz enfrentamiento entre instituciones del Estado Mexicano puede tener consecuencias catastróficas.
Inclusive en términos de gobernabilidad y estabilidad social.
Encinas y la Segob van a contrapelo de la Fiscalía de Gertz Manero y paralelamente, la silenciosa pero constante presión del Ejército y las Fuerzas Armadas, para evitar que poderosos miembros de la élite militar se vean afectados.
El primer perdedor en teoría, es Gertz Manero a quien obligaron a correr al Fiscal Especial del Caso Ayotzinapa Omar Gómez Trejo, por no estar de acuerdo en los procedimientos que se siguieron en lo que corresponde a las órdenes de aprehensión del caso.
Fueron canceladas 21 de las 83 órdenes giradas, de las cuales 16 corresponderían a mandos militares.
¿Queda claro entonces quién lleva ventaja en la contienda?
¿De qué lado están los intereses y “quereres” del presidente en la coyuntura que vive su gobierno?
¿Entendemos ya las razones detrás del enorme favor que el propio López Obrador le pidió al entonces presidente Trump para que General Salvador Cienfuegos no fuera juzgado en una corte de los Estados Unidos?
¿Cuánta mierda hubiera salido de ahí?
¿A qué personajes y de qué ámbito de poder en la vida castrense nacional hubiera salpicado?
Ya no hay duda de quienes son hoy los auténticos intocables en el país.
Que se les siguen y seguirán otorgando prebendas, privilegios y facultades nunca antes vistas.
Que pueden hacer y deshacer a placer, además de acordar y asociarse con quienes quieran y en los términos que más les convengan.
Y que esto no solo continuará, sino que es ya irreversible.
¿Exagerado usar el término militarización?- no lo creo.
¿Un despropósito pensar en un candidato emanado de las Fuerzas Armadas? o peor ¿tener todas las libertades y condiciones para dar un golpe de timón?
Ahora o después.
En presente o en futuro, el escenario sería catastrófico, infernal, demoledor.
Mejor, ni siquiera imaginarlo todavía aunque ya hay quienes aseguran que existen todos los elementos para irlo considerando.
