Por Valentín Varillas
Por si quedaba alguna duda de toda la porquería que hay detrás de la aprobación de la construcción del tanque elevado en la comunidad de San Baltazar Temaxcalac, el propio gobernador del estado dio a conocer que este proyecto se llevó a cabo sin la autorización oficial de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla.
Increíble.
Es más, la instancia estatal declaró como “inservible” el tanque de acuerdo con varios dictámenes técnicos, por lo que resulta demencial el haber decidido invertirle dinero público a una infraestructura que de acuerdo a este órgano especializado “había terminado su vida útil”.
Con esto, Miguel Barbosa hace pedazos toda la serie de argumentos que en su defensa la alcaldesa Norma Layón ha manejado en distintas entrevistas y declaraciones ante algunos medios de comunicación.
Simple y sencillamente, el gobernador coincide en que no existía una justificación técnica para echar a andar un proyecto caro, de nula utilidad real para llevar agua a las comunidades supuestamente beneficiadas y que sobre todo, resultaba en los hechos una auténtica bomba de tiempo con potenciales daños potenciales.
Y el daño fue el máximo: la pérdida de vidas humanas.
¿Y entonces?
Es evidente que la única forma en la cual se puede explicar el actuar de la autoridad municipal en esta historia, es a través de la corrupción rampante que predomina en el gobierno municipal de San Martín.
No hay de otra.
No tiene la culpa “el que abrió las llaves del agua y echó a andar la bomba”, mucho menos se sostiene la teoría del “sabotaje”, manejada por la propia alcaldesa en su desesperación por verse exhibida de esta manera.
Tampoco ella es víctima de intereses de “grupos de choque” que han lucrado económicamente con el tema del agua en esta comunidad.
Por favor.
Toda esta serie de pretextos cayeron ayer como castillo de naipes con la declaración del gobernador en donde abiertamente establece que no solo no existe el aval de Ceaspue para llevar a cabo el proyecto, sino que el tanque al que se le invirtió dinero público tenía que ser destruido.
¿Por qué el ayuntamiento de Layón jamás cumplió con la exigencia del Ceaspue de presentar un dictamen técnico y de viabilidad del proyecto?
Pues porque de antemano sabían que éste iba a ser rechazado y que el organismo estatal jamás hubiera dado el visto bueno ara que se llevara a cabo.
Barbosa lo dejó bien claro: ninguna obra que tenga que ver con el tema del agua y saneamiento en el estado, puede realizarse sin esta autorización.
En resumen: un proyecto inviable de una obra innecesaria que, a pesar de todo, por un tema de corrupción, obtiene los permisos necesarios para su construcción, con el aval de la dirección de Protección Civil municipal y con mañosas auditorías de supervisión firmadas por el Director Responsable de Obra.
La cereza del pastel la puso el propio gobernador con la noticia de que el proyecto jamás contó con la autorización de su gobierno –a través de Ceaspue- para su realización.
Peor, imposible.
Ante esto, no existe ya pretexto alguno que valga.
Y otra vez los cuestionamientos: si Norma Layón sabía de todas estas irregularidades: mal, muy mal.
Si no las conocía, si ni siquiera se enteró que la estaban metiendo en la boca del lobo: peor, mucho peor.
¿Dónde está su autoridad como presidenta municipal?
¿Quién gobierna realmente en San Martín?
