Por Valentín Varillas
Juan Carlos Lastiri no tendrá ningún problema de tipo legal a pesar de haber estado involucrado en la famosa Estafa Maestra; uno de los casos de corrupción más escandalosos en la historia moderna de este país.
No es poca cosa salir impune del desvío de 7 mil millones de pesos a través de 128 empresas fantasma y que involucró a 11 dependencias del Estado mexicano, ocho universidades y más de 50 servidores públicos de los distintos niveles de gobierno.
Lastiri pasó ya bajo el manto protector de Morena.
El salvoconducto lo consiguió a través de Alejandro Armenta y fue palomeado por el propio Ricardo Monreal.
De ahí, las reuniones y eventos cuya evidencia gráfica ha sido manejada en medios de comunicación y redes sociales con toda intención.
La promesa que Lastiri y su equipo operarán a favor del proyecto político de Armenta para el 2024, en la zona de Zacatlán y algunos otros municipios de la Sierra Norte de Puebla, fue la moneda de cambio.
Para nadie es un secreto que, en su momento, este grupo de priistas han servido a intereses ajenos a los de su partido, con tal de seguir manteniendo el control de la zona, con sus respectivos intereses.
Bajo su lógica, en un escenario de elección cerrada, enfrentando probablemente a una alianza opositora, el apoyo de quien fuera uno de los más cercanos a Rosario, con su consabida traición al tricolor, puede ser una ventaja competitiva importante en el momento de las definiciones.
Así la ven ellos.
Juan Carlos es uno de los muchos que traicionaron a Robles Berlanga.
Quien en aquellos sospechosos días de ausencia, seguramente le dio auténticas joyas al gobierno federal para que la ex titular de Sedesol y Sedatu sea la única pagana de la Estafa Maestra y siga encerrada en la cárcel.
Hace un par de días, el Juez de Control encargado de su caso determinó, otra vez, mantenerla en prisión preventiva justificada.
Como si ella sola, sin la participación directa de otros beneficiados, hubiera sido capaz de llevar a cabo semejante robo al erario federal.
El caso, es evidente, trae el tufo de la venganza personal.
El revivir el tema Ahumada, en esta coyuntura en específico, es otra prueba de lo anterior.
El gobierno federal apretó en su momento a figuras del círculo íntimo de Robles como el propio Emilio Zebadúa, el oficial mayor en las dos dependencias que encabezó Rosario y que hoy come y cena en restaurantes de lujo -al estilo Lozoya- sabiendo que goza de absoluta impunidad.
Declararon contra ella, 56 servidores y exservidores públicos, sometidos a todo tipo de presiones por parte de la FGR.
Aportaron información relevante para justificar los 21 años de cárcel que la fiscalía ha solicitado en su contra.
De esta manera, se salvaron hundiéndola.
Otro poblano que saldrá impune de semejante atraco es Armando Saldaña.
En marzo de 2019, fue vinculado a proceso por el desvío de 185 millones de pesos a través de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero mientras se desempeñaba como director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo, de la Sedatu.
En febrero del 2021, un tribunal Colegiado lo amparó, a pesar de la contundencia de las pruebas en su contra.
Negoció, apenas en diciembre pasado, un acuerdo de “inmunidad penal” con la Fiscalía, acusando ante un juez federal a seis ex colaboradores de Emilio Zebadúa de encubrir el desvío de estos recursos.
Se trata de simples chivos expiatorios.
Personajes de medio pelo que únicamente siguieron las órdenes de sus superiores.
Mientras, los peces gordos nadan felices en el ancho mar de la impunidad, ofreciendo a cambio -además de hundir a Rosario- su “capital político” a favor de quien decidan sus protectores, sus nuevos dueños.
Los que al final “haiga sido como haiga sido”, los salvaron del cadalso.
Y esas facturas, créame, se pagan de por vida.
Ya lo verá.
