Por Valentín Varillas
Adolfo López Badillo se sumó gustoso al entramado institucional que se integró y operó para fomentar y tolerar todo tipo de abusos cometidos durante la administración de Rafael Moreno Valle.
Como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Puebla, fue tibio, sumiso y sobre todo, al final por acciones u omisiones, terminó favoreciendo a los victimarios en perjuicio de las víctimas.
Todo al revés.
Tal vez su acción más grave fue no condenar con toda contundencia el asesinato del menor José Luis Tehuatlie Tamayo a manos de policías estatales en Chalchihuapan.
Su implícita validación a la versión oficial de los hechos, resultó tan aberrante como las cabezas de marrano de Juan Pablo Piña, las piedras de “grueso calibre” de Luis Maldonado o aquel vomitivo reportaje publicado por Sexenio, en donde se victimizaba a un policía estatal -supuestamente atacado por los habitantes de la comunidad- que en sus ratos libres operaba una banda dedicada a la trata de personas y la prostitución de menores.
De ese tamaño.
Ni una sola recomendación se emitió en su momento en contra de instancias estatales, que señalara las enormes omisiones en el caso y las presionara para hacer justicia.
Pero no solo fue Chalchihuapan.
El jugar del lado del gobierno fue siempre la política institucional que ensayó como supuesto defensor de los derechos humanos en Puebla.
La CEDH y su entonces titular, facilitó el clima de hostigamiento y persecución que se vivió en contra de opositores en esa administración.
Ni una sola condena a la polémica Ley Bala.
Ni a las decenas de presos políticos que eran encarcelados por oponerse a proyectos oficiales o bien por defender sus derechos y patrimonio.
Ahí están como ejemplo los casos del Parque de las 7 Culturas en Cholula, los opositores a la construcción del gasoducto Morelos, los defensores de la operación de mototaxis en el estado y por supuesto, los presidentes auxiliares que buscaron que les regresaran el control absoluto del Registro Civil y que terminaron en la cárcel.
Esta fue precisamente la génesis del caso Chalchihuapan.
Con estas cartas credenciales, López Badillo intentó en el 2019 regresar a la posición.
El congreso poblano lo rechazó con particular contundencia.
Ahora, con esos mismos antecedentes, aspira a encabezar el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del estado.
Él, que fue especialmente opaco en e cargo, que pasó a la historia por ser el primer ombudsman en hacer un informe de labores a modo, en lo oscurito, sin invitar a medios de comunicación, quiere ser la bandera de la transparencia y el acceso a la información en el estado.
Hasta parece chiste cruel.
Es evidente que este personaje tiene todo el derecho a buscar la chamba que quiera, pública y privada.
No existe ningún impedimento legal que lo limite.
Pero existe un concepto que se llama “calidad moral”, que opera como un elemento que abona a la congruencia, a la consciencia social y que tiene un peso específico real en la determinación de quiénes pueden ser, o no, los perfiles ideales para acceder a cargos de importancia en la vida pública del estado.
“Es legal, pero no es moral”- diría el clásico de las mañaneras.
