Por Rocío García Olmedo
El fin de semana grupos feministas se manifestaron en Puebla, para exigir nuevamente al Congreso del Estado (ahora a las y los integrantes de la LXI legislatura) que se garantice llevar el tema de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) al pleno para su aprobación.
No es la primera vez que vemos estas manifestaciones, pero en esta ocasión se dan en un contexto diferente tras las históricas e importantísimas definiciones que sobre el tema ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Y es que después que los ministros de la Corte declararon inconstitucional la criminalización de las mujeres que abortan y tras anular la objeción de conciencia, se han sentado las bases legales para avanzar en este polémico tema.
Lo que ocurrió el domingo se repetirá durante la semana y también se replicará en todo el país.
Históricamente la exigencia por los derechos de las mujeres ha resultado complejo y más aún cuando se trata de un tema tan polémico como el aborto. Y más aun cuando se insiste en abordarlo desde un punto de vista moral, sin entender que hablamos de un problema de salud pública y de la garantía de los derechos de las mujeres.
Los avances han sido lentos, y se requiere de voluntad política para lograrlos. Estoy convencida además que la no criminalización de las mujeres quienes deciden abortar debe abordarse de forma multidisciplinaria para que se garanticen vertientes como la educación sexual integral y salud sexual reproductiva; de esta manera se ataca también el origen de muchos embarazos no deseados.
No podemos aislar esta discusión del embarazo adolescente que se ha convertido en otro problema de salud pública. Las cifras son claras y devastadoras ya que anualmente en México se registran 391 mil 105 embarazos en menores de entre 15 y 19 años.
Esta cifra nos coloca en el primer lugar de incidencia, entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por lo que ésta es, sin duda, una llamada de atención para garantizar una salud sexual y reproductiva de calidad.
Evitar embarazos adolescentes no deseados, disminuirá también la incidencia de abortos clandestinos.
Alejar la discusión y las decisiones sobre estos temas sin que intervenga el moralismo y la religiosidad nos permitirá atenderlos como problemas de salud pública y entonces habrá mayor lucidez, objetividad y certidumbre al momento de legislar.
Este enfoque se refleja en las iniciativas que en su momento presenté en el Congreso del Estado y las cuales podrán ser retomadas por la actual legislatura.
