Por Valentín Varillas
Siempre será apetitoso, en términos de opinión pública y publicada, que en una nación como México, en donde la impunidad ha imperado como la más sólida institución pública, el hecho de ver en la cárcel a un personaje de enorme influencia en la vida política reciente del país, acusado de haber cometido diversos actos de corrupción.
Sin embargo, en el caso de Rosario Robles y la Estafa Maestra, resulta prematuro hablar de “justicia” cuando se trata apenas de la punta del iceberg de una muy sofisticada logística de desvío de recursos públicos para fines personales.
Ésta, involucra a otros muchos miembros de la dorada burocracia, de distintos calibres y niveles, pero además –y esto no alcanza una trascendencia mediática ni siquiera parecida- a muchas instancias privadas, que resultan fundamentales en la triangulación y el destino final de estos recursos.
Para valorar la importancia real que en este entramado tiene lo anterior, nada más hay que plantearnos las siguientes preguntas:
¿Dónde están los 5 mil millones de pesos por los que se le acusa a Robles Berlanga?
¿Dónde están los más de 32 mil señalados en la investigación periodística de la Estafa Maestra?
¿Cómo fue integrado todo este dinero a la economía formal?
Para responderlas, hay que rastrear una serie de operaciones que involucran a notarios públicos, abogados, contadores que se dedicaron a la creación de empresas fantasma para simular una actividad productiva que en el papel justifica la entrega de los recursos.
Si realmente el gobierno federal, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda quiere llegar al verdadero, al auténtico fondo de la Estafa Maestra y no quedarse únicamente en la exposición mediática de una mínima parte de sus operadores y autores intelectuales, tendrá, necesariamente, que seguir de forma minuciosa la ruta del dinero.
Que no exista simulación y se deslinden todas, absolutamente todas las responsabilidades jurídicas para los autores de uno de los más grandes y escandalosos saqueos de recursos públicos en la historia moderna del país.
Caiga quien caiga y a como les toque.
Es lo mínimo deseable si es que se trata de una auténtica cruzada en contra de la corrupción y no un burdo ajuste de cuentas entre bandas rivales de la mafia política nacional.
La cloaca que viene
No, no es ocioso el último reporte de la SCT federal con respecto al accidente en donde perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle.
En el documento existen algunas líneas reveladoras, que suponen que el gobierno de la República iniciará próximamente una profunda investigación sobre un enorme y muy rentable mercado negro de refacciones y alteraciones en las hojas de servicio para aeronaves, que opera en hangares públicos de todo el país y en donde están también involucradas empresas que dan el servicio de taxi-aéreo a lo largo y ancho del territorio nacional.
Esta mafia, que tiene ligas probadas con la crema y nata de la política nacional y que es protegida por poderosos personajes del pasado reciente y el presente del servicio público y el mundo empresarial, se ha enriquecido -todavía más- poniendo en riesgo la vida de miles de pasajeros que con toda confianza abordan aviones y helicópteros oficiales, o que gastan enormes sumas de dinero en rentarlos a través de estas empresas privadas.
Esta línea de investigación podría aportar datos importantes para esclarecer las causas de la caída del Agusta 109 modelo 2011, que se desplomó el 24 de diciembre pasado.
