Por Valentín Varillas
El escándalo de la red de favores y negocios de Andrés Manuel López Beltrán ya no es solo una historia de contratos inflados en el sureste del país.
En Puebla, esa misma estructura dejó de ser una sospecha para convertirse en una realidad que golpea el presupuesto público y los servicios esenciales de los poblanos.
El mecanismo es simple y conocido: colocar amigos en posiciones clave de dependencias federales para hacerse con el control de licitaciones y dárselas a un grupo cerrado de contratistas.
Aquí, este esquema operó en dos frentes específicos: la salud pública y la generación de infraestructura.
Con la centralización de los hospitales estatales hacia el modelo IMSS-Bienestar, el control del presupuesto de insumos y medicamentos pasó a manos de la federación. Ahí fue donde operó Alejandro Calderón Alipi, alias “El Cuchillo”, funcionario del círculo íntimo de López Beltrán.
A través de prestanombres y firmas como Romo S.A. de C.V., propiedad de Jorge Amílcar Olán, las compras de medicinas y material quirúrgico para los hospitales poblanos quedaron secuestradas por el mismo consorcio que facturó miles de millones en Tabasco y Quintana Roo.
Mientras las clínicas y hospitales locales enfrentaban un desabasto brutal, los contratos se asignaban a proveedores cercanos al círculo presidencial.
En el tema de la infraestructura federal, en las obras ejecutadas por la SEDATU en municipios como Puebla capital, San Andrés Cholula y la Sierra Norte, se repitió exactamente el mismo patrón.
En lugar de licitaciones públicas abiertas y transparentes que beneficiaran a constructoras locales, las delegaciones federales echaron mano de la asignación directa y la invitación restringida.
Las empresas ganadoras compartían domicilios fiscales, socios y apoderados con las firmas beneficiadas en el proyecto del Tren Maya y las obras que se llevaron a cabo el sexenio anterior en el sur del país.
Y no es casualidad.
En el núcleo del gobierno de López Obrador, a través del control absoluto de las delegaciones, se implementó y exportó un modelo de simulación en donde los recursos destinados a mejorar hospitales y obras de desarrollo para Puebla terminaron financiando a un grupo de contratistas vinculados al poder central.
En teoría, eso jamás iba a pasar en estos tiempos de supuesto cambio político en México.
El discurso oficial prometió acabar con los intermediarios y la corrupción.
Iban a separar el poder económico del poder político.
Sin embargo, existen miles de pruebas que demuestran que, más allá de mutar a un modelo honesto y eficiente de gobierno, sólo cambiaron los nombres de los beneficiarios.
Simplemente, la franquicia tiene nuevos dueños.
