Especialista en Comunicación y Desarrollo
Uno de los problemas conceptuales de los especialistas en Comunicación que asesoran desde hace tiempo al gobierno federal, es que conciben su actividad en términos de posicionamiento institucional e imagen pública de los funcionarios y no como un conjunto de procesos dinámicos de interacción simbólica y circular entre gobernantes y gobernados. Para ellos lo más importante es persuadir a la sociedad, justificar las decisiones del gobierno y dar legitimidad a sus argumentos, cuando la misión de la comunicación gubernamental en un contexto democrático consiste en construir consensos con los diferentes grupos ciudadanos y generar la confianza pública necesaria para una mejor gobernabilidad. En tal forma, la postura de difundir los discursos oficiales en forma vertical y como verdad no cuestionable -desatendiendo las necesidades sociales o, incluso, las evidencias objetivas de una realidad compleja-, ha colocado al gobierno actual y sus funcionarios de primer nivel en un estado de indefensión ante los analistas políticos y el juicio de sectores influyentes de la opinión pública. Porque más allá de los índices de aceptación –siempre relativos-, los márgenes de presencia en medios –claramente subjetivos- y el apoyo de distintos comunicadores –sustancialmente cambiante-, lo esencial en un plan de comunicación gubernamental es el diálogo político permanente que se establezca con la ciudadanía mediante espacios de encuentro y reflexión que coadyuven al desarrollo democrático y una mejor cultura cívica de la población. Cuando las estrategias se centran en los medios las condiciones del proceso se alteran y limitan las posibilidades de interacción y acuerdos, dando lugar a muy diversos sesgos de percepción que en la práctica resultan muy difíciles de atender.
Esto ha sucedido de manera recurrente en el tratamiento mediático de la guerra contra el narcotráfico, donde las alegorías de entusiasmo y patriotismo de la mercadotecnia gubernamental y la cobertura persistente de los medios han confrontado y distorsionado el sentido de esta acción pública en beneficio de la sociedad. Con ello no quiero decir que la política sea inconveniente o innecesaria, sino que la manera como se comunican desde el gobierno los avances y logros de esta lucha no es la adecuada, ni corresponde con la expectativa social de mejores condiciones de vida y estabilidad. Por el contrario, en su afán por convencer a la sociedad de la efectividad de las movilizaciones militares y policíacas se ha generado un clima de incertidumbre, el cual se ha recrudecido por la recesión económica mundial. De igual forma, el gobierno se ha visto rebasado por la cruenta realidad de la violencia, corrupción e impunidad, donde las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia aparecen en el discurso de los medios como entes desintegrados, incapaces de conducir, proponer y liderear la lucha y revertir los procesos hacia estadios mayormente controlables. En las informaciones mediáticas los funcionarios federales –incluyendo al Presidente de la República- se ven más preocupados por responder cuestionamientos y aclarar declaraciones de propios y extraños, que emprender políticas públicas verdaderamente innovadoras y eficientes que respondan, en cierta medida, a las urgentes demandas sociales. Falta congruencia y sentido de integralidad en la comunicación gubernamental, en la cual la sociedad percibe un doble discurso que confronta la realidad práctica con los enunciados formales. Por ello, cada vez la ciudadanía se convence más que el complejo fenómeno de la violencia generalizada se encuentra íntimamente relacionado con la corrupción en los distintos órdenes de gobierno y la impunidad que erosiona seriamente la estructura del estado de derecho.
En otro escenario por demás alegórico, los especialistas del gobierno inducen a los funcionarios hacia la defensa de una política económica que ha quedado desprovista de evidencias ante la avasallante dinámica de la recesión internacional. En ese contexto, frente a la postura crítica del ingeniero Carlos Slim, el hombre más rico de México y uno de los más influyentes en el mundo de los negocios, se ha llevado al Presidente Felipe Calderón a una defensa ultranza de sus políticas anticrisis con un pobre argumento que mediante la descalificación y el entusiasmo reduce las manifestaciones de la recesión a un asunto de unidad y compromiso entre los distintos sectores. Slim ha explicado las razones de la crisis mundial, las cuales resultan claves a la hora de implementar políticas públicas en el contexto local. Señalado que vivimos una crisis de confianza a nivel mundial y que ello ha provocado reacciones fuera de proporción. El miedo de los inversionistas ha hecho que se propague la crisis como un virus a nivel mundial. Ya se contagió Europa, Asia y también México, dice el inversionista, aún cuando nuestros gobernantes lo nieguen porque creen que lo peor es propagar el pánico. El tamaño del golpe dependerá de lo que hagan los gobiernos de los países más grandes del mundo, la rapidez con la que lo hagan y el impacto que esto tenga a nivel de empresas y personas. Slim ha dicho que es incierto cuánto tiempo durará esta crisis mundial, se habla de un mínimo 6 meses y un máximo de 2 años. Lo importante primero es entender el por qué se dio y aprender la lección. Asimismo, no dejarse llevar por gente alarmista, sean estos periodistas o gente cercana. Los mexicanos tienen derecho a estar informados, el gobierno debe hacerlo y no confundirlos con juicios optimistas. El país enfrentará el mayor desempleo de su historia, así como una caída en su Producto Interno Bruto y el cierre masivo de empresas, manifestó el empresario.
En contraposición el Presidente Calderón y diversos funcionarios de primer nivel, han calificado como exageradas las afirmaciones del empresario sin querer reconocer que la economía mexicana enfrenta la peor situación de los últimos 80 años. Ellos aceptan que va a ser un año difícil en materia de empleo, pero no de las proporciones de las crisis anteriores. “Si vemos lo que pasó en 1995, ha dicho Alejandro Werner, subsecretario de Hacienda, el crecimiento del PIB fue negativo entre el 6 y 7 %, pero hoy nadie espera que caiga en esas proporciones”. Werner también ha expuesto que la encuesta del Banco de México habla de una cifra de desempleo en el año de entre 200 mil y 250 mil personas. Por lo anterior, nadie sensatamente informado entiende cuál es el propósito de la comunicación del gobierno federal y la razón por la que mantiene un optimismo que peca de subjetivo y afecta fuertemente la credibilidad social en las instituciones, las políticas públicas y el rumbo del país. Es responsabilidad de los comunicadores públicos alertar a la ciudadanía y dotarla, más allá de criterios mercadológicos, de la información necesaria para no verse avasallada por los efectos de una crisis que apenas empieza pera ya perfila algunas de sus más hondas consecuencias, como la devaluación del peso frente a las divisas extranjeras, la reducción de las remesas, los ingresos del petróleo y el turismo, el alza en las tasas de interés, la ampliación del desempleo abierto y la reducción del crecimiento económico.
Si comunicar es gobernar, entonces mal hacen los voceros gubernamentales en no informar adecuada y suficientemente a la ciudadana, consensar acuerdos con la sociedad y difundir con la veracidad necesaria para evitar mayores pérdidas en el capital político del mandatario en un momento electoral definitivo. Es necesario explicar sobre una amenaza que no es propia y no seguir alentando las distorsiones comunicacionales, porque ello puede marcar significativamente el destino de la presente administración federal.
