La verdad no sé para qué discuten tanto los legisladores sobre el tema de la reinstauración de la pena de muerte en nuestro país, si prácticamente ya existe… al menos en los últimos tres o cuatro años.
Porque día con día nos enteramos que las ejecuciones entre los diferentes grupos y cárteles de delincuentes no han podido ser detenidas por autoridad alguna. En cierta forma, las autoridades –más por incapacidad que por otra cosa- han dejado que los narcotraficantes y sicarios se maten entre ellos con la mayor impunidad.
Solo entre 2007 y 2008 ha habido más de 8,000 asesinatos o ejecuciones (las cuales han llegado a extremos inconcebibles de crueldad, según datos de las propias Secretaría de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República.
En otras palabras, hay unos 8,000 delincuentes menos. Y las autoridades ni siquiera han tenido que detenerlos, enjuiciarlos o condenarlos.
Pero dejando la ironía a un lado (porque ojalá solo fueran delincuentes los muertos…), la situación de inseguridad pública en nuestro país y por supuesto en nuestro entorno local, se agrava día con día. Aún cuando el gobierno estatal lo minimice, es un hecho que Puebla ya no es la entidad segura y pacífica que solíamos presumir.
En todas las regiones del Estado hay ya hechos delictivos atribuibles al crimen organizado. No son raterillos o pleitos personales. No, muchos de los casos ya tienen que ver con narcotráfico o secuestros.
Así que tanto el gobierno estatal como el federal tienen responsabilidad innegable de todo lo que está ocurriendo. En Puebla sabemos de la ineficacia y hasta abulia que caracteriza al Secretario de Seguridad Pública, Mario Ayón, que suele culpar a todo mundo menos a su incapacidad para tomar medidas inteligentes ante la preocupante situación.
Y a nivel federal, qué podemos esperar de un Secretario de Seguridad Pública que está siendo duramente cuestionado por la infiltración de la Institución que dirige por parte del narcotráfico o bandas de secuestradores. Gracias a los reportajes de Reporte Indigo nos hemos podido enterar de todas las complicidades de Genaro García Luna, que por cierto ya tiene hartos a los altos mandos del ejército.
Pero hay mucho más. El más reciente libro de la periodista Anabel Hernández (“Los Cómplices del Presidente”, y también de ella “Fin de Fiesta en Los Pinos” y “La Familia Presidencial”, todos de Grijalbo) destapa toda la cloaca en que se ha convertido la dependencia encabezada por García Luna (aunque también denuncia todas las corruptelas que en su momento también encabezó y solapó el Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño… el libro de la periodista ya estaba terminado y saldría en unos días a la venta, cuando sobrevino inesperadamente la trágica y ahora sospechosa muerte de Mouriño Terrazo).
Con todo lo anterior, uno se pregunta en manos de quién está la persecución de los delincuentes en nuestro país, si todo indica que son las mismas autoridades las que están metidas hasta el cuello en los ambientes criminales.
Pero lo peor: El Presidente Felipe Calderón parece hacerse de oídos sordos ante tal cantidad de denuncias (todas sustentadas en documentos solicitados en base a las leyes de acceso a la información pública) en las que sus principales colaboradores son protagonistas. ¿Silencio cómplice?
Y finalmente aquí en Puebla ya tenemos titular de la Comisión de Acceso a la Información Pública, con Blanca Lilia Ibarra Cadena. Ojalá que su inteligencia y buenos oficios realmente transparenten el ejercicio de los gobernantes. Buena suerte.
