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El proceso para incorporar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas como parte integral de la gestión pública en Puebla se ha determinado, como lo han demostrado los estudios del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Libertad de Información-México, A. C. (LIMAC) y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), por un cúmulo de desaciertos, omisiones y contradicciones que evidencian las resistencias para eliminar de una vez por todas la discrecionalidad y opacidad en la administración pública. Y, aunque diversos funcionarios del Estado y los municipios, legisladores, líderes políticos e institucionales se empeñan en hablar de avances en la materia, los hechos muestran el permanente condicionamiento legal y administrativo que muchos servidores públicos realizan para obstaculizar la mayor transparencia en los actos de gobierno y, sobre todo, garantizar un acceso irrestricto de las personas a la información pública por ser este una garantía individual consagrada en la Constitución.
En materia legal, la anterior legislatura del Congreso ha pasado a la historia por haber aprobado en el año 2004 una de las peores leyes de Transparencia en el país. Dicha legislación ha sido fuertemente cuestionada por los estudios comparativos de prestigiadas instituciones, no solamente por sus graves errores técnico-jurídicos sino por la serie de inhibiciones que establecen a los interesados para acceder a la información gubernamental -atentando contra el principio de máxima publicidad- y omitir sanciones de fondo a los servidores públicos que obstaculicen el cumplimiento de este derecho. De manera especial, se ha criticado que el órgano garante de la ley (Comisión de Acceso a la Información Pública, CAIP) esté supeditado al ejecutivo estatal y no cuente con la autonomía necesaria para una gestión pública eficiente. Adicionalmente, la reciente reforma legislativa para adecuar la inconsistente ley del 2004 a los términos y adiciones del artículo sexto constitucional constituyó ante la decepción social un ejercicio de poca significación y avance democrático, toda vez que la mayoría priísta en el Congreso no se atrevió a corregir las inconsistencias de fondo e inhibió muchas de las iniciativas para concentrarse en lo que a su juicio eran las adecuaciones más urgentes. En ese sentido, los avances que han señalado algunos legisladores no responden a las demandas ciudadanas, tampoco aseguran mayores espacios de participación ciudadana y mucho menos constituyen avances sustantivos para la vida democrática en la entidad.
En ese contexto, tanto los nombramientos de algunos consejeros del órgano garante como la gestión misma de la Comisión de Acceso a la Información Pública están hoy deslegitimados al no satisfacer las expectativas ciudadanas y enfrentar una grave pérdida de credibilidad. Si a ello se agrega que este órgano sido desplazado en la práctica por la Fiscalía Anticorrupción, la situación se torna por demás delicada. En efecto, la necesaria autonomía de gestión que una entidad de este tipo requiere se ha puesto en tela de juicio al reconocerse y comprobarse que el Consejero Presidente, Antonio Juárez Acevedo, ha violado la ley y contrapuesto uno de sus principios más elementales. Por ello, en breve habrán de tomarse decisiones sobre su muy inminente y hasta necesaria remoción. Del mismo modo, el Congreso habrá de elegir un nuevo miembro del organismo al finalizarse el periodo de Josefina Buxadé Castelán, mejor conocida como la consejera incómoda por haber mantenido una independencia frente al ejecutivo y brindar un apoyo permanente a las iniciativas ciudadanas. Son públicamente conocidas que las posturas contrapuestas entre estos comisionados responden más a intereses políticos que a discusiones que busquen enriquecer la dinámica democrática de los procesos.
Faltan pocos días para que la comisionada termine su encargo. Sin embargo, el presidente de la comisión respectiva en el Congreso ha informado que “en breve harán la solicitud formal para que se publique lo antes posible la convocatoria”. La Gran Comisión del Poder Legislativo es la responsable no sólo de publicar la convocatoria, sino de garantizar que los legisladores cuenten con el tiempo necesario para analizar los perfiles de los aspirantes. No obstante, al igual que sucedió con la reforma a la ley los tiempos se acortan y nuevamente los diputados estarán limitados para verificar la información de los aspirantes al cargo y evitar casos como el del Consejero Presidente. Además de ello, es importante que el congreso incentive y asegure la participación de aspirantes de prestigio y trayectoria reconocida, que se realicen evaluaciones verdaderamente transparentes y asegure la designación de personas preparadas pero con una amplia solvencia profesional, ética y política. De acuerdo al artículo No. 26 de la ley, la CAIP se integra por tres comisionados que duran en su cargo seis años. No obstante, el 6 de enero de 2005 fueron nombrados por periodos de seis y cuatro años respectivamente los comisionados Juárez Acevedo y Buxadé Castelán.
De acuerdo a los tiempos y condiciones, los legisladores tienen nuevamente en sus manos la posibilidad de fortalecer institucionalmente los procesos de transparencia y rendición de cuentas en Puebla. De ellos depende que los nuevos consejeros sean personas aptas para el cargo y que su independencia y profesionalismo incidan en mejores procedimientos para la producción de información significativa que contribuya a decisiones que beneficien el desarrollo de la entidad.
