Cierto: por el momento no hay razones que permitan concluir que el gobierno haya influido en la decisión de MVS. No obstante, Aristegui ha sido despedida por el contexto construido desde hace décadas; un ambiente en el que el gobierno no estaba a gusto con el periodismo desempeñado por Aristegui y su equipo, y en el que la crítica se considera ataque.
Por eso Aristegui era una pieza incómoda, como antes lo fue Manuel Buendía, Excélsior o Proceso. Solo los negocios que se permita hacer a los Vargas o los beneficios que obtengan con la salida de la periodista permitirán desvelar las verdaderas razones de su despido, pero lo cierto es que el contexto permite esta situación porque el gobierno no tiene afanes democráticos, sino totalitarios; quiere controlar, que no argumentar.
La razón última de ese ánimo totalitario son los muertos en el armario: no es un afán periodístico lo que incomoda, sino el descubrimiento que ello pueda acarrear.
Sobra decir que el despido de una trabajadora es un asunto laboral que –en ese plano– solo incumbe a ella y a su empresa. Sin embargo, el despido deja de ser de interés estrictamente privado cuando se trata de la mayor crítica de dos actores primordiales en la vida política mexicana: el gobierno y Televisa. Este argumento no pretende minusvalorar las normas, pero pretende resaltar que éstas pueden ser usadas como pretexto de un acto autoritario.
Garantías
El despido es el botón de muestra de que el ejercicio periodístico tiene pocas garantías en nuestro país. En algunas ocasiones la osadía de investigar se paga con el trabajo, mientras que en otras ocasiones se paga con la vida, como los casos de Regina Martínez, Moisés Sánchez y Gregorio Jiménez.
En ese contexto, el despido de Aristegui y su equipo, así como los casos de periodistas asesinados por el crimen organizado o el Estado –aunque a algunos les incomode el término- demuestran la fragilidad periodística frente al poder político y al poder del dinero.
México no está lejos de la Rusia de Putin en la que Anna Politkóvskaya, -la periodista más incómoda para el régimen ruso- caía asesinada en 2006. No es el caso de Carmen, a quien “solo” le han quitado el micrófono. Pero “la suerte” de Carmen no es la misma que la de decenas de periodistas mexicanos –y extranjeros– que han muerto en la última década.
El resultado trágico y sin parangón tiene un punto en común: el poder (cualquiera que sea su forma) silencia cuando así le conviene y así lo permite un régimen que no es la democracia idílica en la que algunos ven el vaso “muy lleno”. Esta “democracia” mexicana es un sistema sin garantías para los periodistas. Su crítica se silencia con la ley en la mano.
