La consecuencia de su aplicación fue el trágico incidente de Chalchihuapan donde José Luis Tehuatlíe Tamayo murió por el uso inapropiado de armas ante la ausencia de protocolo en la aplicación de la ley.
Miles de poblanos se manifestaron en consecuencia por la represión, la incomprensión, la cerrazón, el autoritarismo del gobierno, avalado en la Ley Bala, que no ha sido modificada.
Ese fue el primer golpe a los derechos ciudadanos y humanos por intentar expresar las ideas.
Ahora los diputados avalan la ley que sanciona con penas de hasta 6 años de cárcel a los grafiteros, a quienes osen expresar ideas contrarias al gobierno en los edificios sean públicos o privados.
Esconden su decisión en que los inmuebles históricos, catalogados por el INAH están en peligro ante los desmanes de los grafiteros.
Pero la revelación del diputado Eukid Castañón Herrera no deja dudas sobre el verdadero objetivo de la ley.
En rueda de prensa reconoció: “era algo necesario que sucediera cuando en el estado se han invertido más de 20 mil millones de pesos en infraestructura, y esto necesitaba otro marco jurídico”. O sea, el verdadero objetivo no es proteger los inmuebles particulares o catalogados, sino evitar que las fastuosas obras del morenovallismo empiecen a ser criticadas con graffitis, como ha sucedido en otras ciudades donde al declive del gobernador los opositores pintan, manchan, hacen memes del gobernante.
Cuánto exceso de escasez padece la mente de los diputados para negarle al pueblo el derecho a disentir.
