En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que difundió este martes el Inegi, Puebla es el séptimo estado donde menos se denuncian los delitos, 94.3 por ciento (la media nacional es de 93.8), y los argumentos son la desconfianza hacia la autoridad y la pérdida de tiempo de las víctimas cuando pretenden hacer la denuncia en las agencias del MP, ante la burocracia que ahí impera, además del maltrato del que son objeto.
La percepción de inseguridad aumentó este año contra lo que se tenía en 2013 (la encuesta se levantó entre marzo y abril de 2014).
La extorsión, el robo o asalto en la calle o en transporte público y el robo de autos o autopartes, son los delitos que más se registran en la entidad.
En el último año se registraron 31 mil 662 delitos, de los que 7 mil 981 fueron extorsiones.
A partir de los resultados de la encuesta del Inegi, no hay duda sobre la descomposición que se registra en Puebla, y de lo poco, muy poco que se hace por abatir el clima de inseguridad en la entidad.
Independientemente del origen, de las causas de la delincuencia, está la incapacidad de los cuerpos policiacos por contrarrestarla, y de garantizar la seguridad a los habitantes.
Ya se vio la incapacidad de los cuerpos policiacos para enfrentar una manifestación (con el saldo un menor muerto y varias personas heridas), aunado a que los delitos del fuero común como la extorsión, asalto a transeúnte y robo de autos van al alza.
Está claro que los uniformados carecen de la capacitación para ejercer sus funciones, desde el manejo del equipo hasta el trato con las víctimas.
Y peor aún, cuando sus superiores no son capaces de elaborar una estrategia cuando pretenden suspender a varios cientos de uniformados porque no aprobaron los exámenes de confianza.
Se supone que los exámenes los aplicaron hace más de un año, pero es hasta esta semana cuando se toma la decisión de despedir o dar de baja a 400 elementos. La inconformidad no se hizo esperar, los uniformados efectuaron un platón, y externaron su queja por el despido y que además no los liquidaban conforme a la ley.
En menos de un día de protesta, la autoridad opta por no despedirlos sino ponerlos a “disposición” de Recursos Humanos (¿?).
Si bien es cierto que para que haya una policía “confiable” es necesario depurar los cuerpos policiacos, también lo es que los responsables no tienen interés o idea de lo que deben hacer al respecto.
Han pasado más de tres años y medio de este gobierno, y la población no ve con hechos lo que tantas veces se les ofreció: un estado seguro, con una policía capacitada, con una policía confiable.
Es poco creíble que realmente el gobierno tenga una estrategia para combatir la inseguridad en Puebla, si ni siquiera puede aplicar una medida que no se le revierta en menos de 24 horas, como ocurrió con los 400 uniformados.
Cada día se complica más el panorama al interior de la dependencia responsable: la Secretaría de Seguridad Pública.
Hay uniformados a disgusto, sin capacitación, que rechazan el despido, que se imponen a sus superiores.
En esas condiciones ¿es creíble que la mayoría de esos elementos salgan a las calles convencidos a combatir la delincuencia?
