Aunque está cerrando negocios con priístas de Cancún, la gente común que lo reconoce en aviones, restaurantes y otros sitios públicos no se guarda los insultos y señalamientos. Todo parece indicar que Moreno Valle correrá la misma suerte, al menos en ciertos lugares del país. Estos dos hombres parecerían muy diferentes, pero en el fondo operan de igual manera. Se parecen mucho las visiones de Moreno Valle, Mario Marín, Ulises Ruiz y el propio Peña Nieto, cuando era gobernador del Estado de México.
Para ellos el ejercicio de la violencia de Estado y todas las violaciones a los derechos humanos que cometen sus subalternos no son delitos, sino “problemas políticos”. Como está sucediendo con el asesinato del pequeño José Luis Tehuatlie en Puebla, y sucedió cuando Marín protegió a la red de pederastas y lavadores de dinero, o cuando Peña encubrió a los policías que cometieron delitos en Atenco, y la vez que Ulises Ruiz mandó balacear a los miembros de la APPO y cerró periódicos; todos ellos tuvieron gran éxito al llevar la discusión mediática hacia la supuesta manipulación política.
Ya posicionada su idea en los medios, los hechos concretos de un delito grave cometido por funcionarios públicos pasa a tercer plano; en el primero queda la absurda discusión de quién debe dirimir la controversia (reconociendo que el poder judicial no tiene autonomía) haciéndonos creer que un crimen es “una controversia” entre un grupo civil que se manifestaba por sus derechos y terminó ultrajado, y los representantes del Estado que abusan de la fuerza pública con tal encono y barbarie, que terminan asesinando y violando personas. En segundo plano queda la estrategia directa para limpiar la imagen del gobernador de la misma manera en que barren la sangre de una escena del crimen para impedir su investigación adecuada. Por el momento no sabemos cuánto le costará a la sociedad poblana la operación limpieza que hace Moreno Valle, sólo podemos calcularla.
En 2006 Mario Marín se gastó 184.5 millones de pesos para limpiar su imagen, luego de haber defendido a Kamel Nacif y a Succar Kuri en una red de trata de infantes. Probablemente la cantidad termine siendo similar, aunque las cuotas de corrupción que cobran los asesores de imagen y los más famosos periodistas prostituidos, han subido con la inflación. Estos políticos tienen algo en común: son profundamente cínicos y creen, como cree y ha escrito Gerardo Laveaga, que la política es la lucha institucionalizada por el poder, sin importar qué cara adopte esa lucha. En su postura cínica (mienten descaradamente y defienden las prácticas antidemocráticas), el discurso de los gobernadores es monolítico, porque una vez que asumen una postura para defenderse de la opinión pública, esta no tiene variaciones.
La opinión pública mientras tanto se enfrenta a un reto monumental: siente la obligación de denunciar la pobreza y el racismo contra grupos indígenas así como los delitos cometidos por servidores públicos, lleva a cabo estrategias comunitarias, descubre que debe defenderse de las mentiras del gobernador y de la prensa que poco a poco va cediendo espacios a esas versiones ficticias, y colabora en la obnubilación discursiva, de tal manera que los esfuerzos de la sociedad civil organizada, de las y los defensores de derechos humanos, se van agotando ante la indignación por la fuerza que adquiere la mentira institucional y el debilitamiento de la verdad concreta.
En ese contexto, un pequeño puñado de periodistas se cuela en el entramado de corrupción mediática para revelar los hechos verdaderos, mostrar la evidencia y dar voz a quienes defienden los derechos humanos; muestran todas las versiones, pero no falsean al realidad. Su desgaste es inmenso y su fuerza se torna menor frente al poder económico del Estado para comprar espacios en la prensa. La sociedad civil y esta prensa aislada que defiende la verdad concreta, comienzan a perder ímpetu ante la multiplicidad de temas y escenarios que deben abordar. La confusión creada intencionalmente desde el gabinete de comunicación social ha surtido efecto.
Entonces llega la segunda oleada de indignación y ahora, como en un juego de ajedrez hay que recordarle a la sociedad que la gente de Chalchihuapan marchó para pedir que les pusieran un Registro Público en el pueblo y el gobernador los mandó atacar con balas de goma y toletes. Deben denunciar el asesinato del niño, las mentiras fabricadas por el gobernador, las amenazas a la familia de las víctimas, a los columnistas prostituidos, el vacío informativo, la corrupción de la SEMEFO y de la Secretaría de Salud que obedecen al gobernador; también hay que denunciar a los policías responsables del delito y el jugoso bono que les dieron, al jefe que los encubre y al Ministerio Público que obedeciendo órdenes superiores se dedicará afanosamente a dilatar la consigna del expediente, a la vez que torturará psicológicamente a testigos y familiares con incontables horas de testimonios, en que el Fiscal les forzará a contradecirse por agotamiento y preguntas capciosas. Porque en esta escuela del poder, unos y otros políticos han aprendido a mirar a la sociedad desde una lente convexa en la que la sociedad se enaniza, en la medida en que ellos eligen restarle importancia a la voz de la comunidad. De allí que en una marcha con diez mil personas, los voceros del Estado de inmediato adviertan a la prensa que apenas había un par de cientos de personas y que son sus adversarios políticos.
