Desde 2011 que se anunció el proyecto poco o nada han valido las múltiples quejas de diversas organizaciones civiles, comerciales y ambientales, así como de Cámaras industriales en contra del mega-proyecto que pretende construirse en Cancún.
Los principales argumentos son: la competencia desleal que representa para la industria mexicana, además que se afectará seriamente el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, que es un área natural protegida.
El proyecto fue avalado por el gobierno de Calderón (concretamente la Secretaría de Economía); en tanto que las autoridades estatal y municipal han jugado con los tiempos, dan algunos permisos y retrasan otros; en tanto que los industriales pensaron que el nuevo gobierno federal de Peña Nieto sometería a revisión el citado proyecto o hasta podría cancelarlo.
Sin embargo no ha sido así. El que mantiene la defensa de Dragon Mart es el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, con un argumento muy simplista. En septiembre pasado dijo -palabras más palabras menos- que: México puede ser percibido como un país discriminatorio al no permitir el establecimiento de Dragon Mart.
Los propios tratados o acuerdos que tiene México y en su propia política de comercio hay elementos para normar el intercambio comercial, el tipo de inversión o dónde puede efectuarse, sin que se puedan calificar como “discriminatorias” las decisiones que se tomen al respecto.
No pocos países aplican medidas o hasta frenan inversiones que resultan perjudiciales para su aparato productivo.
Aunque en su momento Semarnat ha cuestionado la instalación del centro expositor, al mismo tiempo que señala que no le compete autorizar o negar su operación.
Mientras tanto, el pasado 1 de marzo se informó que la Comisión de Cambio Climático del Senado de la Republica ganó un amparo contra Dragón Mart; el recurso fue interpuesto por los senadores Silvia Garza Galván y Daniel Ávila Ruiz.
El resolutivo judicial establece que las dependencias del gobierno federal deberán dar seguimiento a las denuncias populares que enfrenta el proyecto comercial e inspeccionarlo para determinar si éste ha cumplido con las obligaciones en materia ambiental.
Es decir, que tanto la Semarnat como la Profepa deben investigar a fondo en qué consiste ese proyecto, el impacto ambiental que tendrá; por su parte, la Secretaría de Economía debe analizar e informar sobre los efectos negativos que traerá Dragon Mart para la industria mexicana.
Temporalmente el proyecto está detenido, pero nada garantiza que pueda cancelerarse.
Y es que la resolución judicial solo obliga a las dependencias federales a evaluar el proyecto, a dar “seguimiento” a las denuncias de las organizaciones civiles y a dar sus conclusiones sobre el tema.
Para algunos observadores sería poco probable que las dependencias federales concluyan que el proyecto asiático no es viable; sobre todo ante el cabildeo que mantienen los inversionistas asiáticos de Real State Dragon Mart Cancún S.A. de C.V.
Por lo que dependerá de las propias organizaciones civiles y de los propios industriales aprovechar el amparo ganado por el Senado y hacer valer estudios (no sólo argumentos) sobre el perjuicio que ocasionará la operación del centro de exhibición de mercancías chinas, tanto en lo ambiental como en lo industrial y comercial.
Normar el Dragon Mart será difícil mas no imposible.
