Sin embargo, en la mayoría de los casos, el ofrecimiento se hace con la condición de que, una vez reinstalados en sus puestos y con sus sueldos intactos (por lo menos eso les prometen); empiecen a develar la forma en que operaba la oficina en los tiempos del marinismo.
La intención de este “programa de recontratación”, que cuenta con la complacencia de la Contraloría a cargo de Patricia Leal, es que los que acepten regresar a trabajar al gobierno, deberán de colaborar con la dotación de información estratégica sobre el sexenio pasado para que la dependencia pueda conformar más expedientes en contra de funcionarios clave.
Claro que este programa no se aplica con todos los ex burócratas, sino con los que en su momento ocuparon puestos importantes, desde jefaturas hasta direcciones, pues la Contraloría tiene la creencia de muchos de ellos guardan hasta documentos que podrían ser de utilidad.
Destaca, por ejemplo, que la Dirección de Control y Seguimiento de Obra Pública de la misma Contraloría, a cargo de Alejandro Rafael Rojano Merino, tenga entre sus empleados a personas que ya trabajaron en el sexenio pasado y que conocen la forma en que operó la extinta SEDUOP, Carreteras de Cuota, CAPCEE, etc.
Al parecer, la información que en su momento brindaron muchos de los “traidores” que vendieron a sus ex jefes a cambio de permanecer en sus puestos de trabajo ya no es suficiente para que Patricia Leal entregue buenas cuentas.
Sin embargo, este programa de recontratación dista mucho de la instrucción que diera el mismo gobernador Rafael Moreno Valle, de que no quiere a ningún “marinista” en su administración, de ahí el despido de más de 5 mil personas.
Tal parece que la Contraloría no tiene empacho en saltarse la orden, con tal de darle buenos resultados al patrón.
Por cierto, y hablando de la contraloría, Patricia Leal aseveró el 24 de agosto pasado que su dependencia cuenta con tres laboratorios móviles para analizar la calidad de la obra pública poblana, a cargo del propio Rojano Merino.
Dijo que ello garantiza que hay una inspección minuciosa de la obra que se ejecuta en todo el estado y si se encuentra alguna falla, se hace la observación correspondiente y, en su caso, se levantan los reportes y sanciones pertinentes.
Entonces, ¿Por qué no hay ninguna observación, reporte o sanción a la empresa que construyó el puente de la UDLA, por ejemplo?
Es pregunta.
En fin, lo cierto es que muchos de los que fueron llamados para ser reintegrados a sus funciones, al saber los verdaderos motivos de su “recontratación”, rechazaron la oferta e inclusive armaron todo un escándalo con mentadas de madre que aún se oyen, por ejemplo, en una dependencia que, por la inutilidad de sus funcionarios foráneos, está sumida hasta las alcantarillas.
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