Por Valentín Varillas
La llegada de Jordi Bosch Bragado a la dirección de la empresa privada que tiene la concesión del agua en la capital y su zona conurbada, significa en los hechos una radicalización del ya de por sí salvaje mercantilismo con la que opera.
Su paso por Aguas de Saltillo es un ejemplo claro de lo anterior.
Ahí, a través de la aplicación de supuestos programas de apoyo a deudores de agua pertenecientes grupos vulnerables, como el que se acaba de anunciar aquí hace algunos días, los usuarios más pobres acabaron pagando hasta diez veces más por el servicio.
De acuerdo con un muy revelador reportaje publicado por la revista Proceso, el tema escaló de tal manera que la gobernabilidad en el municipio llegó a estar en riesgo por los cobros ilegales y excesivos del corporativo.
Hasta el obispo del lugar, José Raúl Vera, tuvo que intervenir para que las cosas no se salieran de control.
Las declaraciones del prelado al medio reflejan con exactitud la gravedad de la situación que se vivió :
“Cuando empieza aquí la privatización del agua, de un jalón se subió diez veces el costo y el precio que tenían que pagar ya no era posible de sostener (para los habitantes). Empezaron a llegar las personas aquí a la catedral de Saltillo quejándose de que les habían cortado el agua; es ilegal”.
Mientras a los sectores más vulnerables se les cortaba el servicio, Bosch Bragado, su gerente general, gozaba de un sueldo de 233 mil pesos mensuales de acuerdo con el propio tabulador de Aguas de Saltillo.
Al igual que con el Soapap en Puebla, en la capital de Coahuila se operó una concesión tremendamente ventajosa para la empresa beneficiada y terriblemente lesiva para las finanzas públicas del municipio.
La licitación pública internacional fue conducida por la firma Arthur Andersen, que en ese tiempo fungía como asesora contable de Aguas de Barcelona (Agbar), la única que presentó una propuesta.
Jueces y parte: el descaro total.
Además, la oferta financiera fue de 81.9 millones de pesos, “con lo que se quedaron con el 49% de las acciones del sistema de agua de la ciudad”.
Una auténtica ganga.
El reportaje de proceso revela que “en los dos años anteriores, los gobiernos estatal y municipal, además de la Comisión Nacional del Agua, habían invertido en el sistema de agua de Saltillo 100 millones de pesos, cantidad superior a la cifra que pagó Agbar por todo el aparato de gestión”.
Un vomitivo atraco.
En este contexto, se vienen tiempos oscuros en materia de abusos en el tema del agua potable en Puebla.
Aquí, lo que es considerado en el resto del mundo como un derecho humano, se seguirá comerciando como si fuera un artículo de lujo.
No se vaya con la finta: no les importan los grupos vulnerables, sólo aumentar su mercado cautivo con engañosos programas de inexistentes beneficios.
Urge que la presidenta Sheinbaum cumpla con su promesa de revisar a fondo las concesiones de agua y que ponga a Puebla en primerísimo lugar.
El gobernador Armenta ha sido igualmente contundente en el discurso y jura estar en la misma sintonía que la jefa del ejecutivo federal.
Mucho, muchísimo trabajo tendrán por delante si realmente buscan defender el sentido social de las políticas públicas en materia de suministro de agua.
