Por Valentín Varillas
La estrategia de disfrazar los programas sociales de propaganda partidista fue ideada por Rafael Moreno Valle.
Faltaba más.
Sin embargo, en su punto de mayor intensidad la operó el entonces alcalde Tony Gali.
Era marzo del 2016 y el edil se perfilaba ya para convertirse en el candidato a la gubernatura de Puebla.
El que le daría continuidad política al grupo.
Pintar los tinacos de azul-panista, estamparles los logos del gobierno estatal y el municipal y distribuirlos en zonas urbanas de alta concentración poblacional y niveles importantes de pobreza, generaría más votos en las urnas.
También publicidad estática permanente para las administraciones emanadas de Acción Nacional.
Fue Xavier Albizuri – un incondicional de Gali insertado en la recta final de la administración de RMV- el que como titular de la Sedesol le puso cara al programa.
Y lo defendió a mansalva.
42 millones de pesos fueron destinados para repartir 18 mil tanques en las unidades habitacionales Agua Santa, Azumiatla, La Resurrección y Canoa.
Era la segunda etapa del programa.
La mitad del dinero salió de las arcas estatales; el resto del municipio.
A los beneficiarios se les exigió presentar su CURP y su credencial de elector.
Como ahora.
Igual que hoy, el funcionario aseguró que así lo marcaban las reglas de operación y que le hicieran como quisieran.
En aquella coyuntura electoral, el PRI presentó las denuncias correspondientes ante las autoridades encargadas de procurar justicia electoral.
Hoy, los tricolores, aplauden a rabiar lo que en su momento llevaron a los tribunales.
En Morena, gritan a los cuatro vientos que en la ciudad de Puebla se vive una elección de Estado.
Llevan de candidato a una diputación federal con cabecera en la ciudad al hijo de uno de los principales autores y operadores del uso electoral de los programas sociales.
Es el mundo al revés.
O el surrealismo extremo que se ha convertido ya en el sello distintivo de la política poblana actual.
Cualquiera de las dos opciones, aplica a la perfección.
