Por Valentín Varillas
La Fiscalía de Puebla tiene un problema serio, muy grave.
Y no necesariamente tiene que ver con las investigaciones por el asesinato del hijo del alcalde de Tecamachalco, Mateo Hernández, o por la muerte del exfiscal Anticorrupción, Rubén Alberto Curiel Tejeda.
El tema se centra en la nula credibilidad que tiene actualmente la institución.
Así de sencillo.
En ambos casos, de muy alto impacto mediático, se pueden llevar a cabo investigaciones impecables, perfectas, en donde se cuide hasta el último y aun así enfrentar serias dudas sobre sus conclusiones.
Y es que los errores, los escándalos, las contradicciones y, sobre todo, el hecho de que quienes deben perseguir los delitos terminen bajo sospecha de cometerlos, han dado al traste con el prestigio del sistema de procuración de justicia poblano.
Razones hay de sobra para la desconfianza.
Funcionarios de la Fiscalía señalados por presuntamente extorsionar empresarios, carpetas abiertas contra servidores y exservidores públicos de la propia institución, ministerios públicos removidos, señalamientos de filtraciones y sospechas fundadas de corrupción.
Mucha corrupción
Así son las cosas en los tiempos estelares de Idamis Pastor.
La actual coyuntura es la peor para enfrentar semejantes cuestionamientos.
En el asesinato del hijo de un presidente municipal y en la muerte de quien encabezó temporalmente la Fiscalía Anticorrupción no puede haber margen de error.
Tendrán que demostrar, en lo jurídico y en lo mediático, cada cosa que afirmen.
La fiscal enfrenta hoy el reto más complicado desde que llegó al cargo.
No solamente esclarecer dos casos que inevitablemente estarán por un buen tiempo bajo la lupa -en términos de opinión pública y publicada- sino evitar, de alguna manera, el debilitamiento sistemático y persistente de una instancia prioritaria en el entramado institucional del estado.
Más allá de encontrar la verdad, el verdadero reto será lograr que la ciudadanía todavía les crea.
