Por Valentín Varillas
No se trata únicamente de la salida de Melitón Lozano de la Secretaría de Educación Pública estatal.
Existe ya una investigación a fondo por parte de la Función Pública, encaminada a detectar potenciales actos de corrupción.
Hechos y acciones característicos de gobiernos pasados y que no tienen cabida en la actual administración.
Sí, por décadas, la dependencia encargada de echar a andar el proyecto educativo sexenal, ha sido tomada como rehén por funcionarios corruptos -con el aval y contubernio del gobernador en turno- para saquearla con fines de lucro personal y de grupo.
Un crimen legal, moral y social cometido desde el poder.
Orquestado por quienes en teoría, tendrían que poner el ejemplo en materia de respeto al estado de derecho.
Cientos de cuartillas podrían escribirse con ejemplos concretos de todo lo anterior.
Sin embargo, uno de los casos más escandalosos se dio en el sexenio de Melquiades Morales.
A la SEP llegó un auténtico artista en el diseño y manejo de la estrategia de desviar recursos de acuerdo a la logística y estructura de operación de esta secretaría.
Se trata de Jorge Antonio Muñoz Carballeda, quien en ese entonces fungía como director de Carrera Magisterial.
La venta de plazas y los cobros realizados por “aviadores”, alcanzaron niveles de escándalo.
Tanto así, que funcionarios de la propia SEP denunciaron a este personaje ante la SEDECAP, en un intento desesperado por no verse involucrados en sus corruptelas.
Así lo confirma el oficio SEP-7-1.2-DER/430/04, fechado el 1 de Marzo de 2004 y en donde el entonces Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública estatal, Fausto Díaz Gutiérrez, solicita al delegado de la SEDECAP, Eduardo Bretón Escamilla, investigar y en su caso determinar sanciones contra Muñoz Carballeda, por estar involucrado en la venta de plazas.
Se hace referencia a 21 docentes que establece que “a la fecha vienen percibiendo de manera irregular un nivel de carrera magisterial que no se encuentra registrado en la base de datos de esa Dirección de Carrera Magisterial y cuyos pagos fueron operados por la Dirección de Informática de esta secretaría”.
En el documento, Díaz Gutiérrez deja bien claro que existen los elementos para determinar que las acciones del funcionario le generaron un daño patrimonial a la Secretaría de Educación Pública.
A pesar de la contundencia del documento, nada pasó.
Carlos Alberto Julián y Nácer, entonces Secretario de Educación Pública, tuvo conocimiento puntual de los hechos y no movió un dedo para sancionar al funcionario y tomar las acciones necesarias para que estas prácticas fueran erradicadas.
Al contrario, hizo que la denuncia quedara ahí, condenada al olvido en el voluminoso archivo muerto de pecados inconfesables cometidos por servidores públicos.
Por lo mismo, la Contraloría estatal ni siquiera se enteró.
Y como la impunidad genera más impunidad, Muñoz Carballeda se ganó un boleto transexenal de permanencia en la SEP poblana.
Sí, aunque parezca de película, él fue quien operó la venta de plazas en el sexenio de Mario Marín.
