Por Valentin Varillas
No basta con la destitución del director de Obra Pública del ayuntamiento de San Martín Texmelucan, José Ernesto Sánchez Carbajal, como medida para deslindar responsabilidades por la muerte de tres personas por la caída de un tanque de agua en la comunidad de San Baltazar Temaxcalac.
La cadena de corruptelas, yerros e ineficiencias es mucho más larga y por un asunto básico de justicia, el que un solo funcionario público sea el que pierda el empleo resulta, por decir lo menos, aberrante.
Y es que, en el tema de la obra pública –lo mismo que en la privada- existen una serie de protocolos que fueron violados de forma descarada y que, por lógica elemental, involucran a mucho más personas.
Aunque hayan actuado por órdenes directas de su jefe superior.
Simple y sencillamente porque, desde mucho antes de la tragedia, sabían las irregularidades que caracterizaban esta obra.
Su trabajo era, precisamente, revisar a fondo todo, absolutamente todo lo relacionado con esta y en su caso, tomar cartas en el asunto para evitar lo que al final terminó sucediendo.
De entrada, es evidente que el proyecto mostró deficiencias importantes en su diseño y planeación.
Estos pudieron ser detectados en su momento por los responsables de las diferentes áreas del gobierno municipal, con competencia directa en la aprobación de cualquier trabajo de construcción o de generación de infraestructura.
La empresa que realizó la obra tuvo que tramitar una licencia para la realización de “obra mayor”.
Aquí, además de cuestiones referentes al uso de suelo, medio ambiente y ecología, se tuvo que elaborar un programa de protección civil, que necesariamente fue evaluado en su momento por el encargado de esta área, un requisito fundamental para que la dirección de Desarrollo Urbano pudiera emitir la famosa licencia de obra mayor.
Y lo peor: existe la figura del Director Responsable de Obra que firma y valida ante el ayuntamiento, cada uno de las etapas que comprenden el desarrollo del proyecto.
Lo anterior supone visitas frecuentes por parte de Desarrollo Urbano, instancia que está obligada a auditar la obra y verificar que ésta se lleve a cabo de acuerdo a lo estipulado en el contrato.
No únicamente que los trabajos se realicen en tiempo y forma, sino que para la construcción del tanque se utilizaran los materiales estipulados y descritos con toda amplitud en el documento de adjudicación.
¿Se llevaron a cabo estas auditorías?
En la revisión de avances de la obra ¿nadie se dio cuenta del tipo de materiales que se estaban utilizando?
Es evidente que se echó mano de auténtica chatarra, material de desecho, como materia prima, resulta increíble que nadie se haya dado cuenta.
O lo peor, que por un tema de corrupción, el Director Responsable de Obra haya hecho y deshecho a placer en complicidad con el hoy destituido funcionario.
¿Y el cabildo?
¿Para qué sirve en términos reales una regidora de Desarrollo Urbano y Obras?
¿Qué le tocaba hacer en esta historia a Karen Guadalupe Guido Fernández?
Tampoco se habla mucho de la empresa a la que se le adjudicó la obra, responsables directos también de la muerte de tres seres humanos.
¿Pagarán ante la ley por sus corruptelas?
¿Hasta dónde llegará la investigación que ya lleva a cabo la FGE?
¿Será, como se espera, profunda, independiente, realista, profesional y al margen de filias y fobias políticas?
¿Caerán quienes tienen que caer?
Ojalá que esta tragedia siente un precedente para quienes utilizan un cargo público para enriquecerse en lo personal, sin importarles que puede haber consecuencias mortales.
Muy buenos para tomarse la foto, para atraer reflectores mediáticos, para colgarse medallas y cortar listones ensayando hipócritas sonrisas al estilo Colgate.
Pero resultaron pésimos al momento de dar resultados y estar a la altura de las necesidades de sus gobernados.
La responsable moral de todo esto, la alcaldesa Layón ¿no tendría que poner el ejemplo y ser la primera en irse?
Por el bien de los texmeluquenses.
