Por Valentín Varillas
Se ideó y operó al inicio de gobierno de Rafael Moreno Valle.
Después de su segundo año de administración.
Tomar el control absoluto de las corporaciones municipales de seguridad pública, a través de un mando único de facto que sirviera únicamente a sus intereses personales.
Esos que tenían como prioridad, además del enriquecimiento personal y de su círculo íntimo, encontrar fuentes de financiamiento efectivas para los gastos que suponía su calentura presidencial.
Tomó como modelo un esquema exitoso que implementó desde la presidencia de la República el panista Felipe Calderón a través de Genaro García Luna.
La columna vertebral de la estrategia, era permitir la infiltración de la delincuencia organizada en las corporaciones de seguridad.
Establecer una sociedad en donde se garantizara, además de una absoluta impunidad, un crecimiento sostenido de las ganancias derivadas de diversas actividades criminales y un combate sistemático a los cárteles rivales.
En teoría, un ganar-ganar para todos.
Bajo esa lógica llega Facundo Rosas a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, un auténtico experto en dar resultados a través del “modelo García Luna”.
Pero su simple llegada al cargo no era suficiente.
Necesitaba operar con auténticos incondicionales para tomar el control absoluto de la seguridad en municipios considerados como estratégicos por las potenciales ganancias que representaban .
Y aquí es donde entra en escena Alejandro Santizo.
Una vez resuelto el proceso electoral del 2013, Facundo, a nombre de Moreno Valle, convocó a cerca de treinta alcaldes electos para “revisar” la estrategia conjunta de seguridad que implementarían, una vez que los ediles asumieran el cargo.
Se trataba de municipios con alto manejo presupuestal y con problemas serios en términos de incidencia delictiva.
En el encuentro, el mensaje fue muy claro: los alcaldes no tendrían la menor incidencia en la selección de perfiles que, más allá del lugar que ocuparan en el organigrama de seguridad pública, llegarían a posiciones fundamentales en lo operativo.
Ya había una lista de elegidos, propuesta por él y palomeada por el entonces gobernador.
Nadie reclamó.
Todos, absolutamente todos, lo aceptaron sin chistar.
Sabían que en buena medida habían ganado sus respectivas elecciones gracias a la operación electoral y al dinero de Rafael.
Y que enfrentarse con él al inicio de sus respectivos trienios, era un auténtico suicidio político.
En ese año, Rosas trajo a Puebla a cerca de 100 agentes federales que trabajaron con él en el gobierno de la República, para insertarlos en esos cargos “estratégicos” en aquellos municipios.
Hicieron y deshicieron a placer.
Las historias, en pasado y en presente, fueron y siguen siendo grotescas.
Le entregaron, sin el menor pudor, el estado a la delincuencia.
Las cifras, los datos duros, no dejan la menor duda.
Fue la génesis, entre otras cosas, del tristemente célebre Triangulo Rojo.
Con estos antecedentes y a pesar del saldo de muerte y destrucción que trajo consigo, en Tecamachalco, el alcalde Ignacio Mier Bañuelos optó por el modelo García Luna como estrategia de seguridad en el municipio que gobierna.
Un modelo que, por cierto, ha repudiado hasta el cansancio en su discurso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.
