Por Valentín Varillas
Lunes: 2:28 AM.
Recibo una llamada al teléfono de mi casa.
Una grabación intenta venderme los beneficios del proyecto político de alguien que aspira a un cargo de elección popular en el proceso de junio próximo y que, en colmo del absurdo, ni siquiera pertenece al municipio o distrito en el que vivo.
Es decir, me vale madres.
Cuelgo, mentando madres.
Aunque ya me jodieron el descanso, la catarsis de sacar semejante enojo resulta liberadora, pero desgraciadamente muy breve.
Misma madrugada: 4:13 AM.
Vuelvo a recibir la llamada.
Misma grabación; peor enojo y frustración.
Ya no hay mentadas de madre posibles que consuelen.
No existen.
Más allá de la forma, de una noche de sueño malogrado -para olvidar- o de si se trata de una perversa estrategia para afectar políticamente al personaje en cuestión, hay mucho de fondo en esta experiencia.
Y la conclusión es preocupante.
Mire por qué:
De entrada, el número telefónico al que llamaron no está disponible en el directorio, ni en ninguna otra base de datos pública.
Al momento de contratar la línea, pagué un poco más para hacerla “privada”, precisamente para evitar ser molestado.
Y el hecho de que un candidato (a) o un partido político tenga acceso a esta información, supuestamente amparada por los beneficios de una Ley de Protección de datos personales, es simple y llanamente un delito.
Simplemente porque están recurriendo a un ilícito mercado negro de venta de datos personales y llegar así a un mayor número de votantes potenciales.
No es nuevo, es muy común y lo hacen otras instancias como bancos, tiendas, departamentales y demás,
Usan los servicios de los famosos “call centers” para operarlo.
También llevan a cabo estrategias similares, las bandas de la delincuencia organizada dedicadas al robo de identidad, la extorsión y el secuestro.
Sin embargo, en el caso de partidos y candidatos me parece gravísimo.
Aunque se trate de una práctica común.
Ellos tendrían que ser los primeros en poner el ejemplo en términos de respeto a la ley.
El que intenten “venderse” a través de una actividad ilícita y contraten a criminales que mediante diversas prácticas y tecnologías se hacen de este tipo de información, es un penoso adelanto de lo que nos espera si llegan a ganar la elección.
Si esto hacen en campaña ¿qué no estarán dispuestos a hacer en el poder?
Y se va a poner peor.
Ya lo verá.
De todos los frentes e ideologías, empezaremos a recibir un torbellino de mensajes electorales que serán enviados a nuestras líneas personales, teléfonos celulares, Whats App, redes sociales y demás.
Nuestros datos personales no están protegidos y la ley que los resguarda no sirve para nada.
La gran paradoja –una más en nuestra vida como país- es que los servidores públicos emanados de esos partidos políticos que hoy cometen este delito, fueron los que en su momento le dieron forma al marco jurídico que en teoría nos blinda de lo que precisamente ellos hacen en cada campaña.
De locos.
