Por Valentín Varillas
Por años, autoridades de San Andrés Cholula se llevaron cientos de millones a través de diversas estrategias de “apoyo”, presión o hasta de burda extorsión a empresarios inmobiliarios con desarrollos en este municipio.
Trienio tras trienio, el “negocio” se operó con la precisión de un relojero suizo y significaba ingresos importantes para todos los involucrados.
Por eso, las posiciones de gobierno al interior de aquel ayuntamiento se disputaban con particular ahínco.
Quien era identificado, invariablemente como la voz cantante y defensor único de los intereses del alcalde, era quien ocupara el cargo de Coordinador de Asesores.
Él llevaba línea directa y por lo tanto, era quien transmitía todo, absolutamente todo lo que tenía que hacerse.
Al inicio de los trienios, convocaba a reuniones “urgentes” con aquellos grupos de constructores y desarrolladores inmobiliarios que estaban a punto de terminar sus respectivos proyectos.
Estas, se llevaban a cabo en restaurantes de la vía Atlixcáyotl.
El funcionario iniciaba con lujo de amabilidad, preguntando a cada uno cómo iban sus obras y se ponía a sus órdenes en caso de que necesitaran asesoría para la obtención de un permiso o bien para la conclusión de un trámite.
Se recababa información y prácticamente no se volvía a hablar del asunto.
No hacía falta.
Los empresarios sabían que el “sablazo” era inminente, únicamente era cosa de conocer las cifras.
A la mañana siguiente, cada uno de los convocados era citado de manera individual en las “oficinas personales” del edil en turno.
Con los expedientes en mano y de acuerdo a la situación de cada caso en específico, se proponían esquemas de “mutua colaboración” para que los constructores no tuvieran ningún problema con el finiquito de sus respectivas obras.
Por ejemplo, en tiempos de Leoncio Paisano, a quienes se encontraban desarrollando fraccionamientos, se les invitó a negociar el porcentaje de áreas verdes que obliga la ley a otorgar para la comuna (20%).
La propuesta era la siguiente: la entrega de una muy generosa cuota en efectivo, dependiendo del valor comercial total del proyecto, a cambio de entregar la licencia de terminación de obra y el dictamen de áreas de donación.
A cambio de este dinero, los empresarios tendrían que donar únicamente el 5% del total del área desarrollada.
De no estar de acuerdo con los términos pactados, los empresarios jamás conseguirían los documentos legales necesarios para la comercialización de sus desarrollos, además de enfrentar las inevitables clausuras de los mismos.
Era así como empezaban.
Y después, obviamente, se seguían.
Ya con el control absoluto de las licitaciones públicas y de los procedimientos de compra directa de todo tipo de productos y servicios, pasaban a la segunda etapa del negocio: el descarado cobro de moches por todo, absolutamente todo.
Bajo esta lógica se acuñó el término de “mafia sanandreseña”, para referirse a los gobiernos municipales emanados del PAN, esos cuyos miembros se enriquecieron salvajemente y que operaron bajo la misma lógica que el crimen organizado.
Uno está ya a punto de caer, faltan muchos, muchos más.
