Por Valentín Varillas
Se equivocan quienes buscan obsesivamente órdenes de aprehensión o procedimientos legales en contra de quienes en el pasado reciente ocuparon cargos de altísima influencia y poder en la política y el servicio público poblanos.
No los van a encontrar.
Tampoco los habrá en contra de quienes integran su primer círculo familiar, considerados también dentro de los alcances de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos.
Todo, absolutamente todo, está cubierto.
Cuadran perfectamente los ingresos oficiales con sus gastos.
Faltaba más.
No son tan básicos, tan elementales.
Es más, distan mucho de serlo.
Se trata de auténticos profesionales.
Por eso, el gran reto de este proceso de ajuste de cuentas con el pasado, echado a andar tanto por el gobierno federal como por el estatal, es detectar a quienes en su momento formaron parte de una muy sofisticada logística que fue creada con el objetivo único de ingresar a la “economía lícita”, dinero desviado de las arcas públicas estatales.
Y aquí es donde entran los amigos, conocidos, compadres, socios y demás.
Lo que viene, es una revisión con lupa, muy detallada, milimétrica de todo, absolutamente todo lo relativo a ellos.
Participaciones en empresas, cumplimiento de obligaciones fiscales, transacciones, propiedades, adquisición de otros activos, etcétera.
Los protocolos de detección y acciones a seguir que utilizan instancias como la UIF o FGR son muy completos y por demás certeros.
No dejan lugar a dudas.
Los paganos serán quienes se prestaron al montaje, enriqueciéndose de una forma que jamás imaginaron.
No comprendieron en su momento que los réditos son directamente proporcionales a los riesgos que se corren.
Y en estos casos, la historia nos enseña que acaban siendo muy grandes.
Es más, monumentales.
Y lo peor: la misma historia nos enseña que, quienes en su momento resultaron por demás valiosos en el proceso de ordeña del erario, son abandonados por sus mecenas al momento en el que hay que enfrentar las consecuencias.
Ni uno solo responde.
Son dejados a su suerte en medio de complicados procesos legales y tienen que enfrentar para siempre el consecuente e inevitable desprestigio social.
Quedan señalados de por vida.
Tendrán como único consuelo, el mucho o poco efectivo que les quede después de esto, las propiedades que pudieran salvar y en el paladar, apenas el recuerdo del sabor de aquellas dulces mieles de haber entrado a la élite del poder.
No importa que dicha entrada haya sido por la puerta de servicio.
Muchos de aquellos “influyentes”, con tal de seguir siendo considerados en “el grupo”, sacrificaron dignidad.
Aguantaron de todo, inclusive un trato de perros en eventos públicos y privados.
Con testigos, muchos, de por medio.
Ahora, vivirán revolcándose en sus recuerdos.
En la remembranza de aquellos tiempos en donde pudieron codearse con la realeza política poblana, acceder a los sótanos del poder y tener derecho de picaporte a zonas y lugares vedados para el ciudadano común y corriente.
¿Habrá valido la pena?
De ellos será la evaluación final.
La lista de quienes enfrentarán el inevitable ajuste de cuentas con el pasado ya ha sido palomeada y se diseñó en base a pruebas irrefutables de actos de corrupción cometidos en distintos momentos del llamado “morenovallismo”.
No será únicamente un asunto de tipo mediático, como ha sucedido tantas veces en la historia política de Puebla.
Se hará todo, según palabras de quienes tienen la encomienda de operar esto, a nivel federal y a nivel local: “hasta sus últimas consecuencias”.
Y se dieron cuenta que va en serio ¿o todavía no?
