Por Karina Fernández
El gobernador Miguel Barbosa reveló que entre los 12 notarios morenovallistas que se niegan a renunciar a sus patentes, se encuentran fedatarios que enfrentan cargos penales por la falsificación de documentos para mantener sus sellos.
El mandatario recalcó que las 29 notarías públicas creadas en el sexenio de Rafael Moreno Valle carecen de legalidad; no obstante 12 titulares han promovido amparos ante instancias federales para mantener las patentes.
En este contexto dejó en claro que a diferencia de las pasadas administraciones encabezadas por Antonio Gali Fayad y Guillermo Pacheco Pulido, su gobierno no permitirá que estas notarías sigan funcionando por lo cual continuará el proceso de revocación.
“Fue deliberado el hecho de no expedir los decretos de creación. No fue un olvido, no fue una omisión, fue deliberado para tener a los 29 tomados de su puño, del puño del poder que iba a estar para siempre en Puebla”, reconoció.
Indicó que el resto de notarios que no promovieron amparos contra las acciones de gobierno han comenzado el proceso de entrega de protocolos y sellos a la Consejería Jurídica de su gobierno.
Sigue proceso contra Eukid Castañón
En otro tema, el mandatario estatal reveló que Eukid Castañón, operador político de Moreno Valle, fue vinculado a proceso por el uso de recursos de procedencia ilícita que se suma al delito de extorsión por el cual fue detenido inicialmente.
“Hace unos minutos el señor Castañón fue vinculado en una segunda causa por el uso de recursos de procedencia ilícita. Ya no sólo es el tema de extorsión. Ese señor hizo mucho daño en Puebla”, comentó.
Cabe recordar que Eukid Castañón fue detenido el pasado 18 de marzo por elementos de la Fiscalía General del Estado. Permanece en el penal de San Miguel tras haberse dictado prisión preventiva por el delito de extorsión.
Mediante un boletín de prensa el equipo de comunicación del ex diputado federal acusó que el gobierno de Puebla utiliza a la fiscalía para perseguir políticamente a sus adversarios, siendo él el primer preso político de la administración.
