Por Valentín Varillas
Buenos tiempos vienen para el aeropuerto Hermanos Serdán de Puebla.
Está considerado entre los seis programas prioritarios de atracción y detonación de inversión productiva que tiene el actual gobierno de Puebla.
Se trata de convertirlo en un aeropuerto primordialmente de carga, que provoque un gran polo de desarrollo en inversiones en toda esa zona.
Para ello, se le pedirá al gobierno federal que ceda el 51% de las acciones, para que sean a su vez ofertadas a empresas y empresarios poblanos, nacionales y extranjeros.
El proyecto suena en el papel, muy bien.
Ante los reiterados e históricos fracasos de intentar convertir al aeropuerto poblano en una terminal aérea alternativa o complementaria a la Ciudad de México, en lo que a desplazamiento de pasajeros se refiere, la apuesta parece sensata.
Para que lo anterior se logre, con los resultados que de antemano se esperan, muchos cambios de forma y fondo tendrían que darse en las operaciones del Hermanos Serdán.
Será necesario profesionalizar muchos aspectos y limpiar de corrupción interna, otros más.
De lo contrario, un aeropuerto con mayores y mejores operaciones significará únicamente negocios más rentables para quienes llevan hoy las riendas de una mafia que controla todo, absolutamente todo lo que ahí sucede.
La venta clandestina de los “sobrantes” de combustible para las aerolíneas comerciales, por ejemplo.
Este “huachicol” aeroportuario del que en este espacio ya habíamos dado cuenta y que opera desde hace décadas en las principales terminales aéreas nacionales.
Los encargados de calcular el suministro para las distintas rutas comerciales, de manera intencional generan una orden de compra con una cantidad mayor a la requerida.
El resto, se ofrece, a precio de auténtica ganga, a los hangares en donde se encuentran las aeronaves privadas.
La transacción se realiza bajo un esquema de riguroso efectivo.
De esta manera, no queda registro oficial alguno.
Nada que pudiera incriminar a los involucrados.
Aparentemente todo se da dentro de la normalidad; no hay delito que perseguir.
Para que toda esta red opere con la precisión de un reloj suizo, se requieren la complacencia y complicidad de la comandancia del aeropuerto, el destacamento de la Policía Federal, operadores, pilotos, encargados de aeronaves oficiales y dueños de aviones privados.
Y las ganancias son tales, que alcanza para todos.
Se trata de un delito que encarece los costos de operación de las aerolíneas, situación que afecta directamente a los usuarios de servicios aéreos en México.
Impensable que se mantenga un esquema similar en un aeropuerto con vocación mayoritariamente de carga.
Las consecuencias negativas para las empresas en términos de costos y potenciales ganancias, podrían ser demoledoras para la cantidad de operaciones estimadas, el gancho principal para convencer a los potenciales inversionistas de apostarle al aeropuerto poblano.
Si de verdad es este un proyecto prioritario del actual gobierno, a limpiar desde ahorita y hasta donde dé.
Se supone que caiga quien caiga, ¿o no?
