Por Valentín Varillas
La detención del director de seguridad pública de San Martín Texmelucan, acusado de la comisión de varios secuestros, es otra muestra más del nivel de infiltración de los cuerpos policiacos por parte de grupos delincuenciales.
Ni las pruebas de confianza, ni la supuesta revisión de perfiles y currículums, han servido para evitar que, quienes en teoría deben de cuidarnos, se conviertan en los hechos en nuestros peores enemigos.
La alianza perversa, la criminal con la sociedad, históricamente ha sido para algunos un muy jugoso negocio, pero para la enorme mayoría, ha dejado como saldo: violencia, sangre, muerte, miedo y desesperación.
Como nunca se encuentra dado el tejido social poblano.
El deterioro no es nuevo, lleva años; pero en tiempos recientes se ha acelerado a un ritmo preocupante.
Es evidente que esto se jodió, cuando quienes ocuparon cargos de altísima responsabilidad en el servicio público poblano, decidieron que no era suficiente para ellos tolerar y dejar pasar ciertas actividades delictivas a cambio del pago de una lana.
Cuando vieron la dimensión y el crecimiento real de las empresas criminales, cegados por la ambición quisieron un buen pedazo del pastel.
Ya como accionistas, dejaron que los grandes capos de la delincuencia les impusieran perfiles para ocupar puestos estratégicos en instancias y dependencias clave en materia de seguridad pública en los tres niveles de gobierno.
Un claro ejemplo de lo anterior, fue la enorme infiltración de las bandas dedicadas al robo de combustible de Pemex, en la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Rafael Moreno Valle.
Personajes de altísima influencia y poder al interior de la dependencia, como el Director de la Policía Estatal o el Jefe de Operaciones Especiales, estaban al servicio del “huachicol”, no de la defensa de los ciudadanos.
Después de ser capturados por el ejército, se simuló que pagaron sendas condenas de cárcel, pero al muy poco tiempo, ya aspiraban a insertarse en el esquema de seguridad pública de otras comunidades.
Y es que la impunidad, sigue siendo el principal factor que explica la actual multiplicación de autoridades criminales.
No hay consecuencias legales para quienes, desde el servicio público, llevan las riendas del negocio de la delincuencia.
Facundo Rosas jamás tuvo que explicar siquiera, los delitos cometidos por sus subordinados, como si hubieran tenido ellos, por sí solos, el poder y la capacidad de llegar a semejantes acuerdos con bandas criminales de ese calibre.
No se mandaban solos, pero jamás hubo consecuencias para quienes los pusieron ahí.
Como seguramente tampoco las habrá para quienes recomendaron y avalaron la llegada de Luis Francisco Bustamante Flores a la dirección de seguridad pública de San Martín.
Son cómplices de semejante aberración y seguramente tenían algún interés oscuro detrás de su nombramiento.
¿O de verdad cree que nadie sabía de que clase de calaña se trataba?
Por favor.
Si de verdad se quiere limpiar de indeseables a las instancias de seguridad pública, debe de empezar a haber consecuencias jurídicas para quienes, por acción o bien por omisión, han permitido la infiltración de criminales en las instituciones públicas.
Mientras no las haya, lo demás es simple y llanamente filigrana.
